El Gobierno obvió un informe de la ONU que acusaba a Arabia Saudí de usar «bombas inteligentes» con víctimas civiles en Yemen

Imagen del salón comunitario de Salah al-Kubra, en una zona residencial de Saná, que sufrió un ataque aéreo con dos bombas el 8 de octubre. Había congregados más de mil asistentes al funeral del padre del ministro interino del interior, de los que murieron 132 y 695 resultaron heridos. /
Imagen del salón comunitario de Salah al-Kubra, en una zona residencial de Saná, que sufrió un ataque aéreo con dos bombas el 8 de octubre. Había congregados más de mil asistentes al funeral del padre del ministro interino del interior, de los que murieron 132 y 695 resultaron heridos.

El Consejo de Seguridad recibió un documento en 2017 que documentaba diez ataques aéreos con 292 víctimas mortales, entre ellos un centenar de mujeres y niños

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

El Gobierno ha soslayado un informe del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 2017 que verificó el uso de bombas aéreas de precisión láser en Yemen que causaron 292 víctimas civiles. Las conclusiones del documento desmienten el alegato realizado por varios ministros del Ejecutivo español de que este armamento de precisión «no causa daños colaterales», caso del titular de Exteriores Josep Borrel o de la portavoz Isabel Celaá. Ambos lo hicieron para justificar finalmente la venta a Arabia Saudí de 400 bombas de estas características por 9,2 millones de euros, un contrato que fue paralizado en agosto por el Ministerio de Defensa para su revisión. Esta circunstancia provocó el enfado del comprador y puso en la picota la adquisición de cinco corbetas a la compañía pública española Navantia por 1.800 millones. Las presiones internas y externas hicieron que el presidente Pedro Sánchez interviniera para poner fin a esta crisis.

El informe de la ONU al que ha tenido acceso este periódico no deja lugar a las dudas de que estas «bombas inteligentes» han matado a civiles en Yemen. Asegura que la coalición internacional encabezada por Arabia Saudí vulneró el derecho internacional humanitario «por lo menos en diez ataques aéreos» contra viviendas, mercados, fábricas y un hospital. Este documento se elaboró en virtud de la resolución 2266 tras el golpe de Estado en este país árabe en 2014, que renovó las sanciones y el embargo colectivo de armas a los bandos contrincantes: la alianza huzí-Saleh, que controla las tierras del norte y está apoyada por Irán, y el Gobierno legítimo del presidente Hadi, respaldado por las fuerza militar de la Liga Árabe.

Arriba, fragmento de alerón del sistema de guía de GBU-12 Paveway II donde se observa el código de empresas y organismos. Abajo, imagen del salón comunitario de Salah al-Kubra, en una zona residencial de Saná, que sufrió un ataque aéreo con dos bombas el 8 de octubre. Había congregados más de mil asistentes al funeral del padre del ministro interino del interior, de los que murieron 132 y 695 resultaron heridos. A la derecha, fragmento encontrado in situ de una aleta del sistema de guía de GBU-12 Paveway II.

El grupo de expertos, coordinado por el coronel marroquí Ahmed Himmiche, investigó entre otros diez ataques aéreos solo en 2016 de la coalición internacional que causaron la muerte de al menos 292 civiles, de los cuales 100 eran mujeres y niños. Los ataques también destruyeron tres edificios residenciales, tres complejos industriales civiles, un hospital y un mercado. En ocho de estas operaciones, los cazas saudíes usaron bombas guidas por láser o «inteligentes» de origen estadounidense, en concreto los diferentes modelos Paveway, fabricadas por las compañías Raytheon y Lockheed Martin, y Mark 82 y 83.

Los ataques más mortíferos en Yemen fueron sendos bombardeos a un mercado el 15 de marzo de 2016 en la localidad de Haya, con 106 muertos y 41 heridos, y a una funeraria civil el 8 de octubre de ese año en la capital Saná, con 132 muertos y 695 heridos, según han documentado los investigadores a partir de datos de Naciones Unidas o de Médicos Sin Fronteras.

Ataque desproporcionado

En este último caso, dos bombas aéreas explotaron sobre el salón comunitario, o dentro de él, en una zona residencial del suroeste de Saná donde había congregados más de mil asistentes al funeral del padre del ministro del Interior del gobierno rebelde. Se preveía que asistiera un número considerable de dirigentes políticos y militares leales a los huzíes y a Saleh. El grupo de expertos obtuvo las imágenes originales tomadas después de las explosiones de las pruebas físicas encontradas y al analizarlas comprobó que tanto la forma como las dimensiones de los fragmentos correspondían «a las aletas y alerones del sistema de guía GBU-12 Paveway II montado en una bomba aérea de alto explosivo Mark 82».

La conclusión es que la única parte del conflicto que usa este material es la coalición encabezada por Arabia Saudí, que «no atendió» a la solicitud de información realizada por el grupo de expertos, incumpliendo la resolución de la ONU. El ataque, añaden, «causó un número muy elevado de bajas civiles que debería haberse previsto», no se respetó el derecho internacional humanitario relativo a la proporcionalidad y si se tomaron medidas de precaución, «resultaron en gran medida insuficientes e ineficaces».

Este armamento, como se explica al principio, es similar al que el Gobierno español ha vendido ahora a Arabia Saudí. Se trata de 400 bombas de precisión láser pertenecientes al Ejército español, que fueron adquiridas al fabricante estadounidense y que se guardaban en una nave de una base militar en Aragón tras firmar el contrato en 2015, durante el Gobierno popular.

La ejecución del citado contrato, como es sabido, causó una crisis con las autoridades saudíes por la paralización inicial del contrato por parte del Ministerio de Defensa. El motivo expuesto por el departamento dirigido por Margarita Robles fue la revisión del citado acuerdo ante el temor de que este material fuera usado contra población civil en Yemen, tal y como ha dejado constancia ahora este informe del Consejo de Seguridad de la ONU.

Este documento ha sido obviado por el Gobierno para superar la crisis con uno de sus principales compradores de material de defensa, pero contradice el argumentario de los ministros Borell o Celaá de que las bombas son de precisión «y no se van a equivocar matando yemeníes». Solo en 2016, 292 civiles, entre ellos un centenar de mujeres y niños.

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