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La Generalitat tramita un contrato sin concurso público cada 24 minutos

La Generalitat tramita un contrato sin concurso público cada 24 minutos

Una ley obliga a que afloren cerca de 15.000 encargos directos de la Administración y el sector público valenciano por cantidades mínimas que apenas se controlan

Burguera .

Valencia

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Martes, 7 de enero 2020, 00:55

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La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) que entró en vigor en marzo de 2018 ha provocado que afloren miles de adjudicaciones que la Generalitat hace cada año. Hasta 2017, la memoria de la Junta Superior de Contratación Administrativa del Gobierno valenciano, ofrecía un recuento que aumentaba de manera sostenida. En aquel 2017 fueron 7.914 los contratos menores, es decir, los encargos a dedo del Consell y de sus entidades autónomas y de derecho público. Un año antes, 6.856; en 2015 se registraron 7.041; en 2014 se firmaron 5.554... Un incremento paulatino. Sin embargo, en 2018, según la memoria que aprobó el Consell hace un par de semanas, se registraron 21.455 adjudicaciones directas. Un salto cuantitativo enorme, un 171% más. La nueva ley desvela cerca de 15.000 contratos menores que hasta ahora permecían fuera del alcance de cualquier tipo de registro de las instituciones encargadas del control de la gestión del Gobierno valenciano.

La LCSP obliga a que se constate la gran cantidad de contratación por cantidades mínimas (inferiores a 5.000 euros) que realiza la Administración valenciana. Son adjudicaciones sin controles previos y auditadas de manera ínfima, aleatoria y después de ser encargadas y pagadas. Se trata de una política de hechos y contrataciones consumadas. Cada 24 minutos, la Generalitat realiza, a través de sus consellerias o de las empresas del sector público instrumental, un contrato a dedo. Encargos por un valor cercano a los 80 millones de euros, repartidos sin concurso mediante y, en muchísimos casos, sin pedir presupuestos alternativos al de aquel a quien se les encarga el servicio, obra o suministro. Cada 24 minutos, incluyendo los fines de semana, que no es un tiempo en el que los funcionarios y los altos cargos del Consell, salvo excepciones, están en sus despachos. Según indica la Generalitat, hasta la entrada en vigor de esta ley, la obligatoriedad de registro se ceñía a los contratos de importe superior a los 30.000 euros, en el caso de obras, y a los de importe superior a 6.000 euros, en el caso de servicios y suministros. De los 24.140 registrados en 2018, 15.709 son contratos menores de 5.000 euros, cuyo importe global asciende a 14,7 millones de euros; 5.903 son contratos menores (es decir, de menos de 40.000 euros si se trata de obras, y menos de 15.000 euros en servicios y suministros), cuyo importe ha ascendido a 63,6 millones de euros; y 2.528 adjudicaciones corresponden a contratos no menores, con un importe de 1.031 millones de euros.

Adjudicaciones a dedo

  • 21.455 contratos directos se realizaron durante 2018 por parte de la Generalitat y sus empresas.

  • 171% más que en 2017, incremento tan brusco motivado porque la nueva ley obliga a que se registren todas las adjudicaciones, también las de menor importe.

  • 24.140 adjudicaciones se realizaron en 2018, de las que 15.709 fueron contrataciones por menos de 5.000 euros.

Si un lector hojea este periódico durante el almuerzo, empleará más o menos el tiempo que pasa entre la rúbrica de un contrato a dedo y otro en despachos de la Generalitat. Cada día del año 2018 (incluye los festivos y fines de semana), se realizaron 58 nuevos encargos a dedo. De esas 21.455 adjudicaciones directas, la Sindicatura de Comptes, la institución estatutaria encargada de auditar las cuentas de la Generalitat, practica una revisión anual. ¿De cuantos? De las diez consellerias, se eligen tres, y de esas tres se recoge una muestra... de menos de medio centenar.

Del control previo al de la Sindicatura se tienen que encargar los interventores, que bastante tienen con hacer un seguimiento de los contratos de gran volumen, que son muchos menos pero de cantidades muy altas y con una competitividad entre empresas que obliga a un seguimiento de la ley muy celoso. Es imposible aplicar esa misma vigilancia a esas miles de adjudicaciones minúsculas, casi de andar por casa.

Hace ya un año, la Sindicatura de Comptes instó a la Generalitat a implantar en cada conselleria «controles informáticos que garanticen el adecuado tratamiento de la información sobre la contratación menor». Esos sistemas están aún en fase de implantación, en una fase muy inicial. Un año antes, en diciembre de 2017, la Sindicatura advirtió del fraccionamiento indebido de contratos, especialmente en el ámbito sanitario, y recomendó «reducir el volumen de los contratos menores y las adquisiciones por compra directa» en esta área. Recomendaciones que se lleva el viento, un brindis al sol que la LCSP eclipsa por completo.

Si el año pasado, la Conselleria de Hacienda resaltaba que «la contratación menor pierde peso», lo cierto es que este año el volumen total de adjudicación directa ha bajado mínimamente pero el número de contrataciones a dedo registradas casi se triplica.

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