La fiebre de los contratos a dedo

La pandemia ha supuesto un antes y un después en la contratación pública. Los acuerdos por emergencia, hasta la fecha destinados para hacer frente a catástrofes o situaciones sobrevenidas, se ha convertido en el mecanismo más eficaz para poder abastecer a las administraciones durante el estado de alarma. Sin embargo, pasada la urgencia inicial por conseguir suministros y servicios con rapidez, parece haberse convertido en el modus operandi para las administraciones, La Generalitat, sin ir más lejos, ha colado en las enmiendas a la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat–a través de sus grupos parlamentarios– una modificación a la ley de contratos del sector público para que todas las operaciones que se cierren con cargo a los fondos de reconstrucción del covid se consideren de emergencia y, por tanto, se puedan adjudicar sin concurso.

Y es que el Consell vive una verdadera fiebre por los contratos a dedo, en sus distintas versiones. La memoria de la junta superior de contratación administrativa de 2018 –el Botánico no ha colgado a fecha de noviembre de 2020 la memoria de 2029– cuando la pandemia ni se vislumbraba, ya reflejó que el 79,3% de los contratos firmados por al Generalitat se hacían de manera directa. Es decir, directamente con la empresa elegida. De los más de 24.000 contratos suscritos ese años, el 65% eran, además, menores, y por emergencia se sacaron 23 acuerdos por algo más de 7 millones de euros. En la pandemia, la cifra de contratos por emergencia se disparó, evidentemente, y sólo hasta el último día del estado de alarma, el Consell realizó más de 570 de estas operaciones, según cifras del Ministerio de Hacienda. Una práctica que ahora quiere extender a todo lo que lleve la etiqueta covid, pero no obligatoriamente sanitario, sino a cualquier gasto o inversión que se incluya en el plan de reconstrucción.

Un cambio legal que permitirá, según el Consell, agilizar los plazos, pero también adjudicar directamente, sin concurso previo. Uno de los principales problemas de este tipo de contratos por emergencia es que el contratante pierde el control sobre futuros sobrecostes, ya que las actuaciones se dimensionan sin controles previos y, sin un pliego al uso, difícilmente se puede controlar el coste final, como ya está sucediendo con, por ejemplo, los hospitales de campaña.

Otro de los mecanismos con los que la Generalitat también se ahorra los concursos son las encomiendas de gestión. El Consell acude a sus medios propios, sobre todo la empresa pública estatal Tragsa, para adjudicar obras, servicios y todo tipo de encargos cada vez más variopintos. En los últimos cinco años las encomiendas superan los 300 millones de euros, sin contar los últimos datos, a falta de un mes para acabar el año.

Otro de los mecanismos empleados para contratar son los denominados expedientes de enriquecimiento injusto. Los conocidos rescabalaments se emplean para hacer frente al gasto comprometido al margen de un contrato público. Bien porque la relación contractual ha expirado, no existe crédito, o porque se ha tramitado al margen de los procedimientos administrativos de rigor pero el objeto es correcto y la Administración tiene que hacerse cargo del pago. El pasado año 2019, el último auditado, según las cifras que manejan los auditores, el Consell firmó 435 expedientes de enriquecimiento injusto por importe total de 1.443 millones de euros. Un 1,5% más que el ejercicio anterior. De las cantidades, casi 500 millones son de obligaciones contraídas en ejercicios anteriores y casi 1.000 del propio 2019. Un hecho sobre el que la Sindicatura de Comptes y la Agencia Antifraude ponen sus ojos año tras año.