El Consell retrasa las auditorías del sector público con la excusa de la pandemia

La pandemia lo ha cambiado todo, y el funcionamiento de las administraciones no ha sido ajeno. Durante la primera etapa del estado de alarma quedaron suspendidos los plazos administrativos, lo que supuso un retraso en la vuelta a la transparencia practicada por las instituciones. Sin embargo, el personal de la Generalitat y su sector público no estuvo sujeto a ningún Expediente de regulación temporal de empleo aunque en algunos casos los servicios no se podían seguir prestando. Pero, a menos de quince días de que acabe el ejercicio, la Generalitat no ha hecho aún públicos los informes de cumplimiento que la Intervención elabora cada año a ejercicio vencido para conocer el grado de cumplimiento de todas las entidades del sector público y de la propia Administración, a través de la Cuenta General.

Fuentes de la Conselleria de Hacienda, de quien depende la Intervención, aseguran que todos los informes están acabados y firmados por los interventores desde hace semanas, y que se harán públicos antes de que acabe el año. Pero, lo cierto es que su publicación lleva un retraso acumulado por la pandemia, pero no justificado una vez se retomaron los plazos administrativos, hace meses. De hecho, las empresas públicas tenían de plazo hasta el pasado mes de octubre para aprobar las cuentas sobre las que se realizan tanto los informes de auditoría como los de cumplimiento. Casi todas esas cuentas están aprobadas a día de hoy y auditadas. De hecho, el Consell ha aprobado ya un buen número de balances de su sector público del ejercicio pasado. Pero, los informes de cumplimiento siguen sin ser públicos. Un retraso que el pasado verano también vivió la publicación de la Cuenta general de la Generalitat, el documento contable que refleja la situación patrimonial de la Administración autonómica, que no se hizo público hasta pasado el verano.

Con los informes de auditoría de cumplimiento ha sucedido lo mismo. Algunos de ellos ya han sido puestos a disposición de los consejos de administración de las distintas entidades. De hecho, la semana pasada, por ejemplo, se dio a conocer el de la Sociedad Proyectos Temáticos, la empresa que gestiona el Distrito Digital de Alicante, y en el que se evidenciaban irregularidades en el reparto de las ayudas que la mercantil ha repartido entre las empresas que se ha instalado en el recinto innovador, antigua sede de la Ciudad de la Luz.

Sin embargo, distintas fuentes aseguran que sufrieron un retraso provocado por la pandemia porque todos los plazos se postergaron. Su redacción, el período de alegaciones y el informe definitivo. Algo que desde algunas empresas públicas rechazan, ya que aseguran que tienen los informes del interventor desde hace meses, por lo que su publicación en la web de Hacienda es responsabilidad de las consellerias de las que dependen.

Lo cierto es que la pandemia se ha convertido también en enemiga de la transparencia de las Administraciones. Durante el estado de alarma, incluso las contrataciones por emergencia tardaron meses en hacerse públicas, y las peticiones de información se paralizaron durante semanas, en lo más intenso de la crisis sanitaria.