El Consell obvia a las diputaciones y les obliga a pagar el fondo de cooperación
El Palau rechaza el criterio de que son entes locales y deben recibir dinero y aprueba hoy mismo el anteproyecto de la nueva norma
El frente común planteado por las diputaciones de Valencia (PSPV) y Alicante (PP) contra el intento del Gobierno valenciano de obligar por ley a las corporaciones provinciales a financiar el fondo de cooperación municipal no ha impresionado ni mucho ni poco al Consell. El pleno que preside Ximo Puig aprobará hoy mismo el anteproyecto de ley autonómica del Fondo de Cooperación Municipal, la norma con la que el Botánico pretende forzar a las diputaciones a aportar dinero a ese fondo de ayuda a los municipios.
La aprobación del anteproyecto de ley parece la respuesta a la reunión mantenida el miércoles en Alicante entre Toni Gaspar y Carlos Mazón, en la que los dos presidentes de diputación coincidieron a la hora de plantear que sus instituciones no sólo no tenían que aportar dinero a ese fondo, sino que su consideración de entidades locales les debía convertir en receptoras de esa ayuda financiera.
El director general de Administración Local, Antoni Such, señaló ayer a este diario que las diputaciones «no son ayuntamientos, sino una administración local formada por ayuntamientos a los que les debe asistencia técnica, jurídica y financiera». El alto cargo de Presidencia de la Generalitat justificó la nueva norma en el hecho de que, mientras las diputaciones de Valencia y Castellón sí que han venido realizando aportaciones al Fondo de Cooperación Municipal, la de Alicante se ha negado a hacerlo «y eso supone una discriminación para los ayuntamientos de esa provincia». «Con la nueva ley queremos acabar con esa situación», precisó.
El anteproyecto de ley que el Consell aprueba hoy obliga a las Diputaciones a aportar recursos para la financiación de ese Fondo, un instrumento previsto en el Estatuto de Autonomía que el Botánico puso en marcha en 2017 y que ha venido funcionando con aportaciones de la administración autonómica y de las diputaciones de Valencia y Castellón. «No queremos robarle los recursos a las diputaciones, sino acabar con esa discriminación que se produce porque los ayuntamientos de Valencia y Castellón tienen el doble de recursos que los de Alicante», señaló Such.
¿Puede obligar la Generalitat a las diputaciones a condicionar parte de su presupuesto? El Tribunal Constitucional ya cuestionó parte del contenido de la Ley valenciana de Servicios Sociales precisamente porque el texto fijaba el porcentaje mínimo de recursos que las diputaciones debían destinar a financiar los costes del personal de los servicios sociales municipales. El alto tribunal consideró que ese condicionamiento del gasto no era compatible con la legislación estatal, al menos mientras no se pusieran en marcha los planes sectoriales de la Ley de Servicios Sociales. «Esos planes sectoriales sí que figuran en el anteproyecto de ley del Fondo de Cooperación», remarcó Such, que admitió que ese documento será el que fije las aportaciones de cada administración pública.
¿Y quién aprueba el plan sectorial? Lo aprobará el Consell, y esa circunstancia provoca que acabe siendo el Gobierno autonómico el que decida el destino de una parte del presupuesto de la corporación provincial, pese a tratarse de otra administración. «Será con criterios de equidad y objetividad», señaló ayer el director general de Administración Local, que dejó entrever que no son esos los principios con los que la institución que preside Carlos Mazón ha venido repartiendo ayudas entre los municipios de la provincia de Alicante. «No ponemos en cuestión a las diputaciones provinciales –señaló Such–. Lo que decimos es que en aras de la coordinación, exigimos la aportación económica para hacer frente a ese plan», remachó.
Gaspar y Mazón coincidieron el miércoles a la hora de reprochar al Consell que no se les considere como entes locales. En el caso de la provincia de Valencia, la posición de Gaspar choca frontalmente con la de sus compañeros de partido en la Generalitat.
En la reunión, los dos presidentes de corporaciones provinciales mostraron su sintonía a la hora de invertir el planteamiento que se ha mantenido hasta la fecha en relación con el papel de las diputaciones en este fondo.
En la edición correspondiente a este 2020, la aportación pública a este Fondo de Cooperación ha sido de 20,5 millones en el caso de Valencia, 13,7 en el de Alicante y poco más de 5 millones en el de Castellón. Las fuentes consultadas por este diario admiten no obstante que, en el primer caso, es la Diputación que preside Gaspar la que sí que ha realizado ya su aportación, mientras que la Generalitat aún está a la espera de poner la partida correspondiente –equivalente a la que realiza la corporación provincial–.
