El Consell echa el freno a la gestión

Las primeras señales de alarma saltaron meses antes de la elecciones, con las elaboraciones de los programas electorales. Los partidos del Botánico ya detectaron una falta de ambición en las medidas que sus formaciones querían incluir como esqueleto del futuro programa de gobierno. A diferencia de la llegada de la izquierda al Consell, hace ahora cinco años, la ilusión se guardaba con cuentagotas entre los nuevos socios. El infinito calendario electoral posterior, con unas municipales, europeas y dos generales, terminaron de ampliar el letargo en el que PSPV, Compromís y ahora Unidas Podemos viven sus días en las doce consellerias de gobiernan. Los nervios han comenzado a cundir entre los responsables públicos, conscientes de que la gestión ha sufrido un parón al que los protagonistas ponen distintas excusas: la falta de dinero, la falta de ideas y el propio calendario electoral que ha dejado el Gobierno central sin inquilino durante tres semestres.

Tras dos décadas de gobiernos del PP en la Comunitat, el ejecutivo de coalición formado por PSPV y Compromís consiguió gobernar la Generalitat en 2015. Su entrada triunfal en el Palau, tras una procesión ciudadana fue el primer síntoma de lo que para el bipartito suponía el hito de haber desalojado a la derecha de las instituciones. A partir de ahí, la hoja de ruta marcada por el presidente, Ximo Puig, y compartida por la vicepresidenta, Mónica Oltra, era clara: reparar, reconstruir y renacer. La primera acción de la secuencia era el eufemismo elegido para rescatar del baúl de los recuerdos toda la herencia recibida por los anteriores inquilinos. Fuera cual fuera el área en apuros, todo era culpa de los que había antes. Durante meses, el Botánico se afanó por diferenciarse del PP con medidas de gran calado que formaban parte de su estructura programática. En apenas un semestre, se restauró la universalidad de la Sanidad, que el Ejecutivo central había reducido, se suprimieron los copagos farmacéuticos que la crisis había traído a los bolsillos valencianos y se dio forma a Xarxa llibres, el banco de libros de texto por el que los escolares se ahorraban el coste de estos materiales. Medidas emblemáticas del primer Botánico, a las que se unieron algunas más simbólicas como la restauración del servicio público de radiotelevisión, con la reapertura de À Punt, o la reapertura de la comisión de investigación del accidente de metro y la recepción a la asociación de víctimas. En el plano más operativo, la Generalitat dio un vuelco a la política de aprovechamiento de los grandes espacios. Los denominados elefantes blancos como Ciudad de la Luz, el Ágora o la línea 2 de metro de Valencia. Todas ellas medidas que se englobaron en las fases de reconstrucción y reparación de derechos que iban a permitir el renacimiento en una última etapa, postergada a la consecución de un nuevo triunfo electoral. Los meses anteriores a las elecciones ya supusieron el primer parón obligado en la gestión, pero también se ralentizó la actividad y se postergaron iniciativas polémicas para no molestar al electorado. Llegaron las elecciones adelantadas y el Botánico revalidó su título y sumó a un tercer socio, Unidas Podemos. Durante las primeras semanas, los partidos tardaron lo suyo en muñir el pacto, repartirse las áreas e incrementar ostensiblemente el número de altos cargos y asesores - se pasó de 56 cargos a 138 y de 74 asesores a 116-. A día de hoy, el Ejecutivo ha sufrido ya siete bajas con sus siete recambios y no ha logrado completar todos sus nombramientos. Sin embargo, a nivel de gestión, las medidas estrella brillan por su ausencia. Las fuentes del Gobierno consultadas tienen dificultades para enumerar alguna propuesta estrella llevada a cabo por el Botánico II, más allá de la aprobación de sus presupuestos -algo a lo que obliga la ley de Hacienda si no se opta por el fracaso de prorrogarlos- y la gestión de la DANA en los municipios de la Vega Baja, una circunstancia sobrevenida para la que incluso la Generalitat ha necesitado la ayuda externa.

El argumento más socorrido del Botánico para justificar su falta de iniciativa política ha sido el de la falta de recursos económicos. Una argumentación que hace referencia al retraso en la reforma del sistema de financiación autonómica como la herramienta que actualizará la llegada de efectivo por parte del Ejecutivo central. La conselleria de Hacienda repite el sonsonete de la infrafinanciación como mantra para justificar cualquier dato económico negativo: el retraso en el pago a sus proveedores, el agujero del déficit, el incremento constante de la deuda... lo que instituciones como la AIReF, Fedea o la Sindicatura de Comptes apuntan como un problema de la gestión del Consell es, a los ojos de la administración autonómica, un mero asunto de falta de recursos. En realidad, los recursos han crecido de forma evidente -sólo por el sistema de financiación, la Comunitat recibió en 2018 fondos que superaron en 2.600 millones a los ingresados en 2014-. Y sin embargo, el descontrol del gasto se mantiene. Contar con mucho más dinero no ha modificado ni un ápice el discurso de la infrafinanciación -se siguen manteniendo en los presupuestos los 1.300 millones ficticios y se exhibe la bandera del maltrato económico tantas veces como sea necesario-, ni ha impedido que, tal y como ocurrió en 2019, tuviera que bajarse la persiana del presupuesto autonómico en pleno verano, ante la constatación de que los recursos no daban para mantener el ritmo de gasto. Una situación que lleva camino de repetirse en 2020, con un presupuesto que ha crecido sensiblemente respecto al del ejercicio anterior. Disponer de más dinero ha permitido ampliar el aparato de la administración, con un Consell más amplio y nuevas empresas y agencias públicas, y disparar el gasto en el capítulo de personal. Pero el freno de la actividad económica, la prórroga de los presupuestos generales del Estado y el pinchazo inmobiliario han dejado en evidencia las previsiones presupuestarias del Consell.

Principios de marzo de 2019. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anuncia que, en uso de las atribuciones que le concede el Estatuto de Autonomía, adelanta las elecciones autonómicas al 28 de abril, para hacerlas coincidir con las generales. Una decisión histórica, que deriva en una brecha sin precedentes en la relación entre el secretario general de los socialistas valencianos y la líder de Compromís, Mónica Oltra. La vicepresidenta del Consell hace pública y evidente su discrepancia con la decisión de Puig, consciente de que la intención del adelanto de los comicios está vinculada a obtener un rendimiento electoral para el barón socialista, y perjudicar las opciones en las urnas de la coalición nacionalista. Los resultados de aquellas elecciones -el PSPV sube cuatro escaños y llega a 27 y Compromís pierde dos y se queda en 17- contribuyen a ensanchar las diferencias entre los dos líderes. Los esfuerzos de la primera legislatura por aparecer como un matrimonio político bien avenido han desaparecido en el nuevo curso político. Puig y Oltra se limitan a guardar las apariencias, mientras su respectivos equipos se ponen proa mútuamente. El arranque de curso retrata además problemas personales para los dos dirigentes. En el caso de Puig, la denuncia contra su hermano por las subvenciones públicas recibidas por sus empresas de comunicación. En el de Oltra, por la condena a 5 años de cárcel a su exmarido por abusos. Las dos circunstancias enfrían más si cabe la relación, y contribuyen a que la gestión del Consell se resienta.