El Consell ya alertó al Gobierno en diciembre del riesgo de colapso en los servicios sociales

En la Conferencia de Presidentes celebrada el 13 de diciembre en Santander, Carlos Mazón aprovechó su intervención para trasladar a Pedro Sánchez y al resto de presidentes autonómicos las consecuencias que tenía esa medida para una CCAA tan infrafinanciada como la valenciana.

Mazón le mostró a Sánchez el «pánico» de la Comunitat Valenciana ante el escenario que se abrí por la decisión de suprimir ese FLA extraordinario. Porque dejar de recibir la cantidad de recursos que la administración autonómica gasta en servicios públicos y políticas sociales significaba arruinar las finanzas valencianas.

De hecho, en 2024, el ministerio de Hacienda había abonado entre julio (75%) y diciembre (el 25% restante) esos 3.000 millones correspondientes a 2023. Si para el ejercicio 2025 no se disponía de esa cantidad, los problemas que la Generalitat tendría en julio para pagar a sus proveedores se dispararían. En su comparecencia ante los medios de comunicación al término de la Conferencia de Presidentes, Mazón ya advirtió que la medida significaba que el Gobierno «nos escamotea más de 3.000 millones de euros si elimina el fondo de liquidez. Puede suponer el bloqueo de las políticas sociales en la Comunitat Valenciana», señaló textualmente.

Han pasado cinco meses desde que el Gobierno valenciano trasladó ese mensaje. El mes de julio está a la vuelta de la esquina. Y el riesgo de impagos es cada vez más real. El número dos de Hacienda del Gobierno valenciano, Eusebio Monzó, lo volvía a ponerlo de manifiesto en una cumbre de CCAA en Sevilla. «Si el Gobierno de España no habilita de manera inminente el Fondo de Liquidez Extraordinario, los servicios básicos fundamentales de las próximas semanas en la Comunidad Valenciana no se van a poder atender». Ni más alto ni más claro. El colapso llegará porque la administración autonómica ha tenido que seguir comprometiendo el pago de servicios al comenzar el año y, sin embargo, en julio no va a disponer en junio de los recursos financieros para poder atenderlos.

Hace cinco meses que el Gobierno sabe de la situación límite a la que viene abocando a la Comunitat Valenciana. Y la respuesta que viene ofreciendo hasta la fecha no es el silencio, pero casi.

Además de exponerlo en la Conferencia de Presidentes, Mazón se dirigió por escrito a Sánchez para solicitarle, rogarle prácticamente, la habilitación del FLA extraordinario o en su defecto de una medida equivalente. No disponer de esos recursos en julio, que es cuando se venía abonando el 75% de ese extra FLA, afectaría directamente al pago a proveedores y muy en particular a la prestación de los servicios sociales y la atención sanitaria.

La respuesta de Sánchez, también por escrito, no pudo ser más significativa: condicionar la recuperación de ese mecanismo de liquidez a que el PP aprobara la senda de déficit para el periodo 2025-2027.

Sánchez obvió las circunstancias particulares que afectan a la Comunitat en materia de financiación autonómica, relacionadas con una infrafinanciación que se prolonga ya más de dos décadas, y en cambio recordó que el PP votó en contra de la senda de déficit para el periodo señalado, circunstancia que el Gobierno valenciano cuestionó en su día -la Comunitat se abstuvo en la votación del CPFF-.

Por contra, sí que señalaba que la diferencia con ejercicios anteriores radicaba en que se ha rechazado esa senda de déficit. Lo que el presidente del Gobierno obviaba en su carta es que para 2024 también se rechazó esa senda de déficit, y en cambio el Gobierno mantuvo ese FLA extraordinario que para la Comunitat equivalía a unos ingresos extra de 3.000 millones de euros.

Sánchez venía a sostener que el incremento de ingresos del que disponen las CCAA gracias al sistema de financiación autonómica debería de provocar que «esas desviaciones, en general, deberían de ser inferiores a las de ejercicios anteriores».

Una afirmación que, no obstante, choca con el contenido de todos los informes que se conocen, y que apuntan a que el problema de las cuentas valencianas no ha tenido nunca que que ver con un exceso de gasto, sino precisamente con la falta de ingresos por ese sistema de financiación aún en vigor.

A la vista, o no, de la falta de éxito en la reivindicación del Consell, el presidente de los empresarios valencianos Salva Navarro decidió tomar la iniciativa y dirigirse por escrito a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para trasladarle exactamente la misma reivindicación. Navarro, perfecto conocedor de las tensiones de tesorería en la administración autonómica valenciana, y de las consecuencias que esa circunstancia tendría en las empresas que proveen de servicios a la Generalitat, se dirigió a principios de enero a la ministra para mostrarle su inquietud por la situación.

Un escrito en el que el máximo responsable de la patronal de la Comunitat le solicitaba formalmente a la ministra que, a la vista de la infrafinanciación que arrastra la Comunitat, y tras el desastre provocado por la dana del 29 de octubre, desbloqueara la llegada de fondos extraordinarios para la Comunitat. En la carta, Navarro hacía referencia concretamente al FLA extraordinario, que el departamento que dirige Montero había decidido suprimir, precisamente para este ejercicio presupuestario de 2025.

El presidente de los empresarios consideraba imprescindible que hubiera «una resolución especial para la Comunitat Valenciana por la situación de la dana y que se trasladara un FLA extraordinario que permitiera que la Generalitat tenga esa liquidez». Navarro recordaba en su escrito que esos 3.000 millones eran precisamente tan necesarios por la infrafinanciación que arrastra la Comunitat, porque no se disponía de un fondo de nivelación transitorio que equipare la financiación valenciana con la media de las CCAA del régimen común, y porque la provincia de Valencia había sido arrasada por una dana.

Han pasado más de cuatro meses de aquel escrito al ministerio de Hacienda. Y a la sede de la patronal valenciana no ha llegado respuesta alguna. Fuentes de esa entidad explican que se han mantenido diversos contactos con el ministerio de Hacienda y que se sigue esperando una respuesta. «No vamos a dejar de insistir», se remarca.

Montero no es que se haya negado a activar ese mecanismo, aunque de facto eso es lo que ha ocurrido. En el caso de la carta del presidente de los empresarios, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ni siquiera ha contestado. Ni un acuse de recibo, ni una mínima explicación. La falta de sensibilidad de la número 2 del Gobierno de Sánchez con la tragedia de hace seis meses en la provincia de Valencia indigna a la patronal CEV, que no entiende que la responsable de las cuentas públicas mantenga ese ninguneo ante una situación crítica, que requiere sí o sí del apoyo institucional, y especialmente financiero, por parte de la administración central. «No ha mostrado ninguna sensibilidad», se señala desde la patronal valenciana.

Montero, es desde mediados del mes de enero la nueva líder del PSOE andaluz. Una nueva responsabilidad que ha añadido a las de su cartera, la responsable de las cuentas del Estado, que no es precisamente menor ni anecdótica. Su puesto como líder de los socialistas andaluces, dirigida a hacer oposición al Gobierno de la Junta de Andalucía que encabeza Juanma Moreno, le viene obligando a desdoblarse en esa faceta de referente autonómica de su partido y al mismo tiempo ministra del Ejecutivo central. Una sobrecarga de trabajo que para algunos se encuentra en el origen de un creciente desgaste político.

Pero esa circunstancia casa mal con la extraordinaria gravedad de lo sucedido en la provincia de Valencia y la angustiosa necesidad de financiación de las arcas autonómicas. La información que maneja el Gobierno valenciano, y a la que ha tenido acceso este diario, cifraba la deuda comercial de la Generalitat a 31 de marzo por encima de los 1.450 millones de euros.

La cifra exacta son 1.455,7 millones de euros. Es el resultado de contabilizar la parte de la cuenta 413 –lo que se denomina coloquialmente como facturas en los cajones– que corresponde a deuda comercial, y que supone un 61% de esa cifra, es decir, 1.175 millones de euros. E incorporarle las facturas contabilizadas pendientes de pago por no tener tesorería, y que alcanzaban en marzo los 280,7 millones de euros. Un total de 1.455,7 millones de euros.

Las cifras que maneja el Gobierno valenciano señalan que la mayor parte de esa cantidad corresponde a gastos en materia sanitaria, muchos de ellos vinculados a gasto de farmacia. En concreto, no menos de los 930 millones, corresponden a proveedores sanitarios, como ambulancias, suministros de los hospitales, cocina, alimentación o mantenimientos.

Representan cifras menores los proveedores en el área de la prestación de servicios sociales, unos 95 millones de euros, y en Educación, otros 60 millones de euros. El resto, hasta llegar a los 1.455 millones de euros, aún no están contabilizados por sectores.