El Consell alega contra la propuesta de quita de la deuda: arbitraria, regresiva e ineficaz si no se reforma la financiación

El documento de la Generalitat realiza un diagnóstico de la propuesta de quita que impulsa el ministerio de Hacienda: «La fórmula prevista para la condonación parcial de la deuda autonómica no atiende las causas estructurales que han generado el sobreendeudamiento de algunas CCAA, ni establece mecanismos equitativos y sostenibles para resolverlos».

El Consell que preside Carlos Mazón recuerda que la situación de la Comunitat –con una deuda actual en el entorno de los 60.000 millones de euros, de los que más de 46.000 han sido generados por la infrafinanciación y los costes financieros vinculados- hace evidente que la región no pueda «recuperar el acceso ordinario a los mercados sin una corrección previa del problema de ingresos, es decir, sin una reforma integral del sistema de financiación».

La propuesta de Hacienda prevé una quita de la deuda para la Comunitat de 11.210 millones de euros, es decir, el 19,3% de la deuda total de la Comunitat (57.000 millones con las cifras de 2023), y el 24,3% de esos 46.000 millones de deuda generados por la infrafinanciación y los costes financieros. «Ambos porcentajes se sitúan entre los más bajos del conjunto de CCAA, a pesar de que la Comunitat ha sido la autonomía con menores ingresos por habitante ajustado durante la vigencia del modelo actual», se señala.

El escrito de la secretaría autonómica de Hacienda y Financiación que dirige Eusebio Monzó considera significativo que, pese a ese dato, la Comunitat quede excluida de la fase 3 del reparto propuesto, que es la que trata de compensar ese desfase por habitante ajustado. «Esa incoherencia revela una grave distorsión en el diseño del mecanismo y refuerza la percepción de arbitrariedad y regresividad en los criterios de reparto», se zanja.

Por ese motivo, el Consell sostiene que cualquier medida de reestructuración de la deuda debe ir «acompañada de reformas estructurales que corrijan las causas que han generado dicho endeudamiento». ¿Y cuáles son esas reformas? La primera que se señala es el cambio del actual sistema de financiación –aprobado en 2009 y caducado desde 2014-, una reforma integral «que garantice que todas las CCAA reciben recursos suficientes para atender sus competencias, en condiciones de igualdad y equidad». A continuación, el fondo transitorio de nivelación que compense las desigualdades actuales y garantice el acceso a recursos suficientes mientras no se apruebe el nuevo modelo.

El Consell también defiende la revisión de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, para adaptar el marco jurídico vigente a las nuevas reglas fiscales europeas en materia de sostenibilidad «que promueven planes de ajuste individualizados, compatibles con el crecimiento económico y el mantenimiento del gasto social».

Y añade: «y sólo como mecanismo de cierre, complementario a los anteriores, aprobar un mecanismo de reestructuración o absorción de deuda basado en criterios objetivos». Un mecanismo, añade, determinado cobre criterios técnicos y verificables, «como el grado de infrafinanciación estructural, el peso relativo de la deuda justificada o la imposibilidad de acceso al mercado». Además, debe establecerse, reseña, «un marco de condicionalidad fiscal equilibrada, que incentive la responsabilidad sin penalizar a las CCAA perjudicadas por el diseño del sistema».

El Consell de Mazón censura además que la propuesta del Gobierno salga de un acuerdo político bilateral, sin una discusión previa ni consenso en el CPFF. «Vulnera los cauces establecidos para las relaciones financieras entre el Estado y las CCAA», se advierte.

La vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, se ha referido este jueves a la propuesta de quita de la deuda pactada por Sánchez con los independentistas catalanes. «Esta no es una propuesta que beneficie a la Comunitat, sino para que Sánchez aguante en el Gobierno y para beneficiar a sus socios catalanes», ha señalado. Camarero ha advertido que el Consell no aceptará «parches» ni «trampas» del Ejecutivo central, y ha vuelto a reclamar la reforma de la financiación. «Mientras esa reforma no se produzca, lo demás no servirá».

Por su parte, el portavoz adjunto del PSPV, Toni Gaspar, ha defendido la propuesta. «Es una medida necesaria, importante y beneficiosa para la Comunitat Valenciana. Si se piensa en el interés de los valencianos, nadie se opondrá a que nos perdonen 11.200 millones. Soluciona un problema concreto de los valencianos, que es lo que tienen que hacer la políticas, solucionar problemas. Mazón, como presidente debería ser el primero en reclamarlo», ha dicho. «Si con algo tan bueno y necesario como esta medida no hay apoyo unánime y todos buscan el desgaste del contrario, difícil va a ser conseguir la solución definitiva de la financiación autonómica», ha advertido.