La causa de la dana: «Sálvese quien pueda»

Pero lo que se percibe de todos los testimonios es un objetivo principal: defender la actuación de uno mismo y, por tanto, de la Administración que representa. Existe tal carga política en esta instrucción y en sus principales protagonistas que parece complicado aproximarse a la realidad de una manera fidedigna. Y eso que, al final, se imponen algunas máximas que son de sentido común. El jefe de Climatología de la Aemet, José Ángel Núñez, lo dijo en una entrevista en À Punt. No fue tan claro, sin embargo, en su versión judicial. «No voy a decir que lo hicimos muy bien. Hubo 228 muertos, por lo que no podemos estar satisfechos». Y esa ha sido una de las realidades que se han querido negar durante demasiado tiempo. Faltó autocrítica honesta. Aquello, la reunión del Cecopi, debió ser un cúmulo de errores, imprecisiones, olvidos y demostraciones varias de incompetencia que derivó en un resultado tan inesperado como letal. Y nadie, independientemente de cuestiones jurídicas como la posición de garante y el ejercicio del mando único –circunstancias que han llevado a las imputaciones de unos y la 'exculpación de otros– puede levantar la mano y presumir de su actuación. Se comprobó este pasado viernes con la declaración de Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. En el interrogatorio de las defensas y quizá ya con la guardia baja, los abogados de los imputados obtuvieron un buen botín: «Para todos es muy fácil juzgar ahora... Pero con la información que había nadie capaz de prever la magnitud de lo que pasó», vino a decir. Apenas tres segundos que avalan parte de la versión del Consell.

La comparecencia de Polo evidenció que despreció el famoso mail de las 18.43 horas donde se alertaba del enorme caudal del barranco del Poyo. Pero introdujo tres justificaciones con las que dirigir la responsabilidad hacia Emergencias. Una, que ese dato por si solo no era relevante, que se debía poner en contexto con el seguimiento que supuestamente estaba efectuando Emergencias; que era ya demasiado tarde para «reaccionar» y, además, recordó la «parsimonia» del Cecopi –hubo una lentitud desesperante con el mensaje del Es Alert– en la toma de decisiones. En resumen, apuntó de manera insistente a Emergencias. Polo, que ha estado anclado en un deliberado perfil bajo, no dudó en recurrir incluso a Mazón. Llamó la atención que el presidente fuera introducido en el interrogatorio por la propia magistrada y para una cuestión, en teoría, al margen del caso. El papel que jugó el presidente a partir de su llegada al Cecopi. «Llevaba él las riendas», soltó sobre la última reunión.

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El comentario de la jueza de que el Cecopi era como la película 'El Ángel Exterminador' también sería equiparable a la comisión permanente de la CHJ que seguía los acontecimientos del Cecopi a distancia. Eso sí, Polo defendió que fue el primero en lanzar la idea del SMS masivo. Lo hizo antes de las 18 horas. No tiene duda. Y eso que otras fuentes coinciden que no se planteó hasta las 19. La situación en Forata, al parecer, era desesperada. Pero no solo es Polo.

El testimonio del bombero de la semana pasada también fue lamentablemente en esa línea. Fueron requeridos para vigilar in situ el barranco del Poyo. Llegaron, midieron y al ver que había descendido se marcharon. «Es que Emergencias no nos dio instrucciones», se justificó. Cierto que no hubo un mandato detallado más allá de acudir a ese punto tras decretarse la alerta hidrológica. Pero esa ausencia de órdenes no necesariamente debe equivaler a una retirada. Igual que abandonaron, y exactamente por los mismos motivos, pudieron optar por permanecer en el lugar. Otro fallo más en la cadena. Porque además se ignora si esa decisión llegó a conocerse en Emergencias.

José Ángel Núñez, de Aemet, respalda la idea sobre la que pivotan estas líneas. Defendió su predicción –«en 18 años nadie ha criticado los umbrales»– apuntó a la Generalitat por su inacción en la gestión del riesgo e incluso censuró la comparecencia de Mazón de que la tormenta afectaría por la tarde a la serranía de Cuenca. En un audio aportado por Emergencias al juzgado se revela que incluso él mismo habló de esa ubicación. Manifestó que hicieron más de lo que tocaba, que se excedieron en sus competencias. «No tenemos capacidad de alertar, cuando el agua llega al suelo nos desentendemos, pero ante la excepcionalidad de la situación estuvimos comunicando los impactos graves que se iban a producir, riadas, barrancadas y arrastre de coches», se resumió.

La declaración de Bernabé también ahonda en esa tesis. Cero autocrítica y arremeter contra la Generalitat por la falta de medidas. Todo desde su papel de coordinación que, sin embargo, fue agujereado por la declaración de Núñez. El jefe de la Aemet reveló un rol ciertamente más activo al indicar a sus asesores que elaboran una orden para un supuesto confinamiento.

A todo esto hay sumar, nuevamente, la incompetencia demostrada por los mandos de la Generalitat, motivo por el que están cesados. Recordemos: un Cecopi convocado a las 17 horas, tarde, muy tarde. Y un mensaje que inexplicablemente tardó una hora en mandarse en el escenario más favorable para sus intereses. Además, de una pregunta que envuelve absolutamente la tarde del 29 de octubre. ¿Por qué nadie reparó en el barranco de Poyo? Forata concentró el foco ante lo que podía haber sido un desastre de 20.000 víctimas. Pero nadie supo anticiparse para desgracia de los habitantes de l'Horta Sud. Todo esto en el tablero judicial. Pero existen una serie de circunstancias, derivadas de la estrictamente jurisdiccional, que también contribuyen a enturbiar las pesquisas.

Mazón se mantiene firme en su idea de no dimitir. Su decisión, sin duda, suma una mayor 'agresividad' de la oposición al abordar la gestión de la dana. Más allá de su responsabilidad penal –inexistente de momento– y de su papel en el dispositivo de emergencias –ninguno según la ley– se cuestiona primero su silencio y, más tarde, sus cambios de versión. Mazón estuvo el día de la dana, en plena alerta roja, comiendo en un restaurante y todavía se ignora con certeza hasta qué hora. Lo que hizo al terminar también se mueve en el campo del misterio. Su equipo defiende que estuvo en el Palau y luego se desplazó al Cecopi, pero resulta inexplicable la tardanza. Y más después de anunciar que llegó sobre las 19 horas y, más tarde, presumir de hacerlo a las 20.11 horas para arremeter contra Bernabé por mentir.

Maribel Vilaplana, la periodista con la que acudió al Ventorro, ha publicado una carta, diez meses después de la primera versión que dio una portavoz, para retrasar la hora de finalización de la sobremesa. ¿Por qué ahora? Es una pregunta que no tiene respuesta clara. El relato de la informadora, en una atmósfera algo victimista, compromete todavía más al presidente. Ninguno ha de declarar en el juzgado, aunque las acusaciones lo han pedido con insistencia.

No es la primera magistrada criticada por su trabajo. Ni será la última. En ocasiones, los reproches se dirigen para los instructores (Emarsa, Oltra, Zaplana y el accidente de metro, por citar algunos casos) y en otros supuestos contra la Audiencia (Pedro Castellano y el archivo del pitufeo). También los fiscales se han visto señalados en el terreno de los medios de comunicación. Lo que sorprende es que la magistrada responda a ese juego y más en una resolución judicial donde apuntó al «machismo atroz». Como si no hubiera ya bastante trabajo encima de la mesa. La queja de los investigados al Poder Judicial terminará, salvo sorpresa, en un archivo. Porque el 90% de las cuestiones que plantea, en realidad, no son material disciplinario. La única denuncia con cierto recorrido sería la participación de su marido, también juez en Valencia, en la causa. Y de esto, hoy por hoy, no existe ninguna prueba. A lo anterior se suma la contundencia de los primeros autos, innecesaria en un inicio de diligencias tan complejo y algunos de los recursos estilísticos empleados, como la ironía. En algún interrogatorio ha sido especialmente incisiva cuando la versión de un testigo no ha coincidido con su tesis. Ocurrió, por ejemplo, con un responsable de Emergencias cuando detalló la vigilancia de barrancos.

La disputa no es entre dos televisiones sino entre Administraciones. La difusión por parte de TVE de un vídeo de À Punt del Cecopi ha sido utilizada para cuestionar la supuesta falta de transparencia de la cadena pública con la investigación. El vídeo, por otra parte, parece que aporta poco a las diligencias, pero la jueza le ha otorgado un carácter trascendental. La pieza es lo que se conoce como un mudo, imágenes que se graban para las televisiones como recursos, pero existe el compromiso profesional de silenciar el audio. Lo que parecía una disputa en el terreno de la deontología profesional ha desembocado en una investigación al personal de la casa que puede terminar en los tribunales.