La Audiencia reserva 26 días para el juicio del caso Alquería que arranca en septiembre

Cuadrar agendas siempre es complicado y más en un asunto como este, con cerca de una veintena de profesionales implicados entre los acusados y las tres acusaciones (Fiscalía, PP y Acción Cívica). Finalmente, la Sala ha decidido este viernes que la vista comience el 19 de septiembre. Las declaraciones de los acusados se celebrarán del 26 al 29 de ese mismo mes y también del 2 al 6 de octubre, según el calendario provisional.

Todas estas fechas y planes se pueden ir modificando según el desarrollo del juicio. Lo habitual, por ejemplo, es terminar antes de la fecha fijada. El mes de noviembre se dedicará a las conclusiones, con los informes de cada parte. La previsión es concluir el día 25. En total, 26 jornadas de juicio.

La Sala, por otra parte, también dictó recientemente un auto en el que recoge las peticiones de prueba solicitadas por las defensas y acusaciones. Los magistrados han rechazado la comparecencia de la exalcaldesa de Gandia y actual ministra de Ciencia, Diana Morant, una testifical que había solicitado tanto el expresidente de la Diputación de Valencia como el propio Partido Popular.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, por su parte, se enteró de la noticia en el transcurso de la sesión constitutiva de la Mesa de la FP de la Vall d’Albaida con representantes de la Generalitat, alcaldes, empresarios y sindicatos. Rodríguez aprovechó para destacar su confianza en la Justicia y mostrar su convencimiento acerca de la inocencia de los imputados. «Todo acabará bien porque la verdad sólo tiene un camino», vaticinó el alcalde de Ontinyent.

Rodríguez reconoció que el proceso «se está haciendo largo» y agradeció las muestras de apoyo de la ciudadanía de Ontinyent. El alcalde insistió que el caso Alquería «no debería haber existido», y añadió que para lo único que ha servido «es para generar dolor y desperdiciar recursos públicos».

«Tanto la desproporcionada operación policial, con la detención de padres y madres de familia honrados, hasta la propia instrucción del juez y del fiscal, han generado mucho dolor, sentimientos de indefensión y mucha rabia, que es para lo único que ha servido», lamentó.

El político, expulsado del Partido Socialista tras su imputación, pero que revalidó la alcaldía de Ontinyent, reflexionó acerca de las intenciones de los operadores jurídicos. «Si lo que se pretendía era defender el interés público han hecho un flaco favor porque todo ha ido a peor en Divalterra desde que la dejamos de gestionar».

Este año la Audiencia celebrará dos juicios acerca de la empresa pública. Este, el caso Alquería, y la contratación de los conocidos como zombies en la empresa pública. En el primero, el quid de la cuestión consiste en la supuesta contratación irregular de directivos en la empresa pública Divalterra. El informe de la Intervención es una de las piezas clave con las que cuenta la Fiscalía para elaborar su acusación sobre la fraudulenta incorporación de personal. El órgano auditor detalla toda una serie de irregularidades que finalmente supusieron un coste de 1,2 millones de euros a la empresa pública.

Los procesados no entienden como un asunto de esta naturaleza ha llegado a la esfera penal. Insisten en que las discrepancias sobre la contratación responden a cuestiones administrativas que debieron resolverse en esa jurisdicción.

Otro análisis policial, a partir de datos de la Agencia Tributaria, revela que las aportaciones económicas de tres de los nuevos directivos de la sociedad a sus partidos aumentaron tras su entrada en la empresa pública. Todos los investigados experimentaron un notable incremento de sus nóminas al entrar en Divalterra. En algunos casos pasaron de 20.000 euros a cerca de 60.000. euros anuales. Evidentemente, en las contrataciones se prescindió de cualquier proceso de selección abierto y con publicidad, según los informes faavorables a las acusaciones. Todos los elegidos eran afines a los dos partidos que gobernaban la empresa: PSPV y Compromís.