El Botánico compró el edificio de Correos de Gandia por cuatro veces su valor catastral
El inmueble se firmó a diez días de las elecciones de 2023 por 2,4 millones, aunque la valoración catastral era de 626.000 euros
El proceso de enajenación de inmuebles de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos impulsado por el Gobierno desde 2021 despertó en el Consell de ... la Generalitat presidido por Ximo Puig la fiebre por la adquisición de inmuebles de este tipo. El caso del edificio de Correos en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, del que ha venido informando este diario, es el caso más destacado, pero no el único, de una serie de adquisiciones en las que se embarcó el Botànic pese a su delicada situación financiera y, en muchos casos, los reparos de la Abogacía de la Generalitat.
Uno de esos casos es la sede de Correos en Gandia, lo que en su día se denominó como Palau de Comunicacions de la capital ducal. El 17 de junio de 2022 la Generalitat y el Ayuntamiento de Gandia firmaban el inicio del expediente de adquisición del inmueble ubicado en la Plaza Rei En Jaume I, un edificio construido en 1950 sobre una parcela de 881 metros cuadrados ubicada en el centro de la ciudad.
El acuerdo definitivo para la venta se cerró el 18 de mayo de 2023, sólo diez días antes de las elecciones municipales y autonómicas que acabaron suponiendo la salida de la izquierda del Gobierno valenciano. Sindicatos como UGT cuestionaron la venta, que vincularon al tremendo agujero en las cuentas de la Sociedad Estatal (de más de 1.000 millones de euros, se aseguraba).
El precio de venta definitivo se fijó en 2.405.287,31 euros, a pesar de que en un borrador del acuerdo, el consistorio gandiense llegó a pedir 3,7 millones de euros. La Generalitat se comprometía a dedicar el inmueble a uso administrativo-institucional y a realizar «las obras de derribo y de edificación del nuevo edificio sin alterar la fachada recayente a la plaça Rei En Jaume I ni ninguno de los elementos que la conselleria de Cultura determine que se deben proteger».
La intención de la Generalitat, según se dijo, era la de dedicar el inmueble a la ubicación del Hub Distrito Digital Sanitario de Gandia, que se ubicaba de forma provisional en dependencias de un edificio del Ayuntamiento frente al Campus de Gandia. Un destino, no obstante, que chocaba con el informe urbanístico del consistorio gandiense que identificaba ese suelo en la «red primaria de equipamientos comunitarios», difícilmente encajable con ese hub sanitario que se pretendía. El mismo informe acreditaba como parte de esa red de equipamientos comunitarios el Teatre Serrà, la Casa de Cultura, el antiguo edificio de la Beneficència, hoy Biblioteca Central, el Palacio de la Marquesa González de Quirós la Escola Pia o el Palau Ducal, por lo que la adscripción a la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital (SPTD) resultaba más que cuestionable.
La Generalitat reconocía que el estado de conservación del inmueble era «regular, y requiere de una importante obra de habilitación para adaptarlo al uso público».
Pero lo más significativo tiene que ver con el valor catastral del inmueble. Los datos que figuran en el expediente de la compra, a los que ha tenido acceso este diario, detallan que el valor catastral en el momento de la operación era de 626.838,44 euros, de los que 328.951,46 euros correspondían al valor del suelo, y 297.886,98 euros al de la construcción. Por tanto, los 2,4 millones por los que se acabó cerrando su venta suponen cuatro veces la valoración catastral que figuraba en el registro.
No sólo eso. La Generalitat se embarcó en el proceso de compra de este inmueble sin informe externo que lo justificara, tal y como es preceptivo. Y para acabarlo de arreglar, el 22 de junio de 2023, después de perder las elecciones autonómicas del 28 de mayo –y por lo tanto, con el Consell ya en funciones–, el Botánico y el Ayuntamiento de Gandia firmaban el convenio por el que se formalizaba de forma definitiva la operación.
Las dificultades técnico-jurídicas que detectó la Intervención
La Intervención General de la Generalitat advirtió expresamente de las «dificultades técnico-jurídicas» de la operación de compra de la vieja sede de Correos de Gandia por parte de la Generalitat. En su informe interno, la Intervención señalaba que «la intervención de la Generalitat en el Convenio a formalizar al amparo del citado artículo 191 LPAP, como medio para la obtención del inmueble propuesto por la conselleria competente en materia de innovación, reviste una especial dificultad técnico-jurídica dado el carácter novedoso del citado precepto y su relación con el régimen urbanístico y de gestión de los bienes públicos». La LPAP es la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Y en su artículo 191 señala que «cuando los inmuebles del Patrimonio del Estado dejen de estar afectados a un uso o servicio público se procederá a realizar una valoración de los mismos que constará del valor del suelo calculado conforme a las reglas establecidas en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, y del valor de las edificaciones existentes». El mismo artículo señala que la AGE o los organismos públicos titulares de los bienes comunicarán a las autoridades urbanísticas la desafectación de estos inmuebles a los efectos de que se proceda a otorgarles la nueva calificación urbanística que corresponda. Transcurridos dos años sin que el planeamiento urbanístico haya otorgado a los inmuebles desafectados la nueva calificación, el ayuntamiento correspondiente se responsabilizará de su custodia.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
