Tragsa redactó los pliegos y fijó el importe del contrato del edificio de Correos antes de ser adjudicataria

Tragsa fue la elegida por la administración dirigida por Ximo Puig para elaborar el documento que debía servir para acometer la reforma del edificio de Correos en la plaza del Ayuntamiento, adquirido por la Generalitat sólo unas semanas antes por 23,9 millones de euros en el marco del proceso de enajenación de inmuebles de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos dirigida a solventar una situación financiera crítica.

El plan de usos de la empresa pública se redactó después de que el Botánico contratara por 14.000 euros a Interpreta Cultural Projects SL para la «conceptualización de una equipación cultural, social y económico (sic)» del citado inmueble. Contrato bajo la investigación de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria, que sospecha de los pagos realizados a esa firma por un documento de apenas 36 páginas.

Ese otro informe de Tragsa, tal y como ha revelado este diario, presupuestó en otros 20 millones de euros los gastos necesarios para el acondicionamiento del emblemático edificio, incluidos 800.000 euros en gastos de decoración y la ubicación en la terraza de una cafetería al aire libre. Un gasto escondido en la adquisición de Correos. Tragsa finalizó en diciembre de 2022 ese plan de usos, pero la Generalitat no dio como recepcionado el documento hasta el mes de septiembre de 2023, ya con el nuevo Consell.

El procedimiento habitual, el de sentido común, dice que una administración que saca a concurso la prestación de un servicio, pone las condiciones que considera oportunas para que los licitadores presenten sus ofertas. Y a partir de la que más se ajuste a las condiciones técnicas y presupuestarias, elegir una o desestimarlas todas. El sentido común y la Ley de Contratos del Sector Público así lo sustentan. En este caso, la licitación no se produjo puesto que la Generalitat optó por el encargo directo, alegando que Tragsa es medio propio.

En el caso del plan de usos de Correos, la contratación de Tragsa fue a dedo. Y en lugar de señalar la Generalitat las condiciones de la intervención necesaria, fue la propia Tragsa la que se las trasladó al Botánico. El documento a cuyo contenido ha tenido acceso este diario tiene su origen en un cargo de Tragsa, que lo remite a otro cargo de Presidencia de la Generalitat para trasladarle un borrador del pliego técnico con el que debe formular el encargo, y en el que le informa también de que se está terminando el presupuesto. La fecha de la comunicación es de una semana antes a la formalización del contrato con Tragsa.

Fuentes jurídicas consultadas advierten de que esta práctica «supone una dirección inversa del contrato», es decir, que la empresa que acabaría ejecutándolo participó en la definición del objeto, las condiciones y el precio, en lugar de ser la Administración la que lo fijara de manera independiente, como exige la Ley de Contratos del Sector Público.

La Abogacía de la Generalitat ya había emitido reparos sobre este expediente, alertando de la falta de justificación del procedimiento elegido, de la duración y de la idoneidad de encargar el estudio a Tragsa. Entre otras razones, porque uno de los argumentos para justificar la adjudicación de urgencia a Tragsa fue la necesidad de evitar el deterioro del edificio, a pesar de que unas semanas antes la Generalitat había reconocido, en la justificación de la compra, el buen estado del inmueble.

El contrato fue tramitado desde la Presidencia de la Generalitat en los últimos meses del Consell del Botànic. A pesar de los reparos, se autorizó el encargo directo a Tragsa alegando su condición de medio propio, una figura que permite adjudicar trabajos a esta sociedad sin licitación, pero que prohíbe expresamente que la empresa defina los pliegos o proponga los precios.

Diversos expertos en contratación pública consultados subrayan que, de confirmarse estos hechos, el expediente «podría considerarse simulado» y vulnerar los artículos 167 y 132 de la LCSP, que garantizan la independencia del poder adjudicador y la igualdad de trato entre posibles contratistas.