Secciones
Servicios
Destacamos
La situación es límite. La deuda comercial que arrastra la Comunitat Valenciana, y para la que no dispone de tesorería suficiente, superaba a finales del ... pasado mes de marzo los 1.450 millones de euros. La cifra, en un ejercicio en el que el Gobierno mantuviera el FLA extraordinario para atender el exceso de déficit de las CCAA, podría sortearse. Pero con la decisión del Ejecutivo de Sánchez de bloquear el recurso, el escenario se vuelve dramático. «En semanas» se pueden producir impagos a proveedores, vino a reconocer el martes en Sevilla el secretario autonómico Eusebio Monzó. Impagos que afectarían directamente a servicios sociales, como el pago de ambulancias, suministros de los hospitales, de residencias o el transporte escolar.
La cifra exacta son 1.455,7 millones de euros. Es el resultado de contabilizar la parte de la cuenta 413 –lo que se denomina coloquialmente como facturas en los cajones– que corresponde a deuda comercial, y que supone un 61% de esa cifra, es decir, 1.175 millones de euros. E incorporarle las facturas contabilizadas pendientes de pago por no tener tesorería, y que alcanzaban en marzo los 280,7 millones de euros. Un total de 1.455,7 millones de euros.
Las cifras que maneja el Gobierno valenciano señalan que la mayor parte de esa cantidad corresponde a gastos en materia sanitaria, muchos de ellos vinculados a gasto de farmacia. En concreto, no menos de los 930 millones, corresponden a proveedores sanitarios, como ambulancias, suministros de los hospitales, cocina, alimentación o mantenimientos. Representan cifras menores los proveedores en el área de la prestación de servicios sociales, unos 95 millones de euros, y en Educación, otros 60 millones de euros. El resto, hasta llegar a los 1.455 millones de euros, aún no están contabilizados por sectores.
Para el Consell, la principal circunstancia que convierte esta situación en más que delicada tiene que ver con la no aprobación del FLA extraordinario por parte del Gobierno. Porque esa decisión impide a los proveedores de la Generalitat disponer de un horizonte de cobro concreto.
Hasta la fecha, durante los doce años en los que el FLA extraordinario se ha habilitado para financiar el exceso de déficit del ejercicio precedente, los proveedores de la Generalitat tenían la certeza de que entre junio y julio (la mayoría a 30 de junio) se podrían abonar sus facturas. Al no haber FLA extraordinario aprobado, no es posible generar crédito para las facturas de este año y las pendientes de 2024. En el caso de consellerias como Sanidad, ello obliga a tramitar las facturas pendientes de aplicar de 2024 con cargo al presupuesto de 2025, algo que solo en el primer trimestre ya supone más de 800 millones de euros.
Monzó se refirió este martes en Sevilla a esta situación. «Está en riesgo el pago» a los proveedores, explicó el número dos de la conselleria de Hacienda. «Si el Gobierno de España no habilita de manera inminente el FLA extraordinario, los servicios básicos fundamentales de las próximas semanas en la Comunitat Valenciana no se van a poder atender», señaló.
La convocatoria este miércoles de la Conferencia de Presidentes abre la puerta a que el Consell aproveche esa cita para volver a poner sobre la mesa las dificultades financieras que atraviesa por una decisión adoptada por el Gobierno de Sánchez.
El PSPV-PSOE alertó ayer que «Mazón está buscando excusas para justificar la degradación de los servicios sociales» y apuntó que «los servicios sociales de la Comunitat Valenciana se están desmantelando, con FLA o sin él, tal y como llevamos denunciando desde hace meses los socialistas valencianos». Así se pronunció la secretaria de Dependencia del PSPV-PSOE, María Victoria Garrido, que señaló que «la Generalitat está allanando el terreno para en pocos días justificar más recortes en materia de dependencia y asfixiar todavía más a las familias usuarias de los servicios sociales». La portavoz socialista señaló que «mientras el Consell de Mazón ha regalado cientos de millones de euros a los ricos desde que está en el Palau de la Generalitat las personas usuarias de los servicios sociales de la Comunitat Valenciana han visto mermada la calidad de los mismos y son los que están pagando los recortes que por la puerta de atrás o en unas cuentas pactadas con VOX se están perpetrando». El argumento de las rebajas fiscales resulta habitual en el PSPV –también lo ha utilizado la delegada del Gobierno Pilar Bernabé– a la hora de resaltar la contradicción que supone aplicar rebajas fiscales mientras se piden más recursos al Ejecutivo central. No obstante, el Consell de Mazón viene alegando que esa política de bajada de impuestos acaba generando mayores ingresos para la administración, en tanto que supone aumentar la actividad económica. Así lo demuestran, se señala, los datos de recaudación tributaria.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Todos los conciertos y festivales de este verano en Cantabria
El Diario Montañés
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
-RpC3Mg19greCofC1m080ExM-1200x840@Las%20Provincias.jpg)
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.