Borrar
Urgente Aemet alerta de un brusco cambio de tiempo esta tarde en Valencia
El expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez. jesús signes
Caso Alqueria | Acción Cívica reclama 10 años de prisión a Rodríguez por la contratación ilegal de directivos en Divalterra
Caso Alquería

Acción Cívica reclama 10 años de prisión a Rodríguez por la contratación ilegal de directivos en Divalterra

La organización que combate la corrupción pide seis años a la exgerente de Compromís, Agustina Brines

A. Rallo

Valencia

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Miércoles, 17 de febrero 2021, 15:19

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

Anticorrupción ya ha presentado su escrito de calificación del conocido como caso Alquería, la causa en la que está procesado el expresidente socialista de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, pero sigue sin conocerse su contenido. En cambio, las acusaciones populares ya han desvelado su postura de cara al próximo juicio.

Si el PP reclamaba 18 años de cárcel para Rodríguez y la exgerente de la entidad, Agustina Brines, la otra acusación popular, la de Acción Cívica, entidad que lucha contra la corrupción, rebaja ese castigo, aunque las penas siguen siendo significativamente altas. Así, solicita 10 años de prisión para Rodríguez, el supuesto cabecilla de la trama de clientelismo político -contratación de directivos por afinidades ideológicas- en la empresa Divalterra. Considera que los hechos constituyen delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación. La pena más grave es la de este último ilícito que considera agravada al superar los 250.000 euros. La investigación anotó un quebranto superior al millón de euros para las arcas públicas.

La acusación sostiene que Jorge Rodríguez tenía conocimiento de la «idoneidad lesiva de su actuación» y, por tanto, del riesgo que representaba para la gestión de los fondos públicos. Pero pese a todo esto, decidió seguir adelante con la incorporación de los altos cargos.

Un personal que, por otra parte, y según expone la letrada Miriam Salmerón, eran «afiliados a los partidos políticos que los contratan, la mayoría carecían de formación universitaria o la formación necesaria para el puesto que iban a ocupar y no tenían formación en dirección de empresas públicas o privadas, o cualquiera de sus servicios». Aparte de lo anterior, nunca desempeñaron una función real de directivos porque, entre otras circunstancias, carecían de los poderes necesarios y de personal en las diferentes áreas, algunas incluso creadas únicamente para sostener la contratación.

Otra de las penas más importantes es para Jorge Cuesta, letrado de Rodríguez, al que se le solicita exactamente la misma pena. Agustina Brines, exgerente de Divalterra y que formaba parte de Compromís, se enfrenta a seis años de castigo. A Ricard Gallego, exjefe de gabinete, Acción Cívica le pide ocho años de cárcel. Respecto al resto de directivos que trabajaron de forma irregular en Divalterra se reclaman diferentes penas de prisión de entre cuatro a seis años dependiendo, por ejemplo, del tiempo que permanecieron en la empresa pública.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios