Salen en libertad con cargos el director general de Vaersa y su antecesor acusados de malversación

Los últimos directores generales de la empresa pública Vaersa, bajo sospecha. Enrique Simó, el actual responsable, fue detenido ayer. Idéntica fue la mañana para el anterior responsable, Felipe Espinosa, que también fue arrestado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los agentes, además, tras practicar ambos arrestos, realizaron una entrada y registro en sus respectivos domicilios particulares.

Los dos se han presentado esta mañana a la juez al frente del juzgado de instrucción número 15 de Valencia donde han prestado declaración, ambos en calidad de imputados. La magistrada ha acordad para ambos libertad provisional, con comparecencia periódica ante el juzgado y retirada de pasaporte. La causa, decretada secreta, está abierta por supuesto delito de malversación.

Ambos no fueron los únicos registros que se practicaron ayer. Al menos a unas dependencias de la empresa pública Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos SA (VAERSA), dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, también acudieron los agentes en busca de determinada documentación que pudiera ser útil para agilizar las pesquisas.

La investigación se encuentra por el momento bajo secreto. Pocos detalles han trascendido de la operación que se desarrolló durante la mañana. En principio, los delitos que se les imputan son prevaricación y malversación. La cantidad presuntamente distraída de los fondos públicos superaría el millón de euros, según ha podido saber LASPROVINCIAS. No se descartan nuevas detenciones a medida que avancen las pesquisas, que comenzaron hace unos meses en un juzgado de Instrucción de Valencia y se materializaron ayer con las detenciones de los dos altos cargos.

El inicio de este caso parte de una denuncia que la Confederación General del Trabajo (CGT) presentó ante la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público abrió diligencias de investigación penal para estudiar si los hechos que denunciaba la organización podrían ser constitutivos de delito. Finalmente, la Fiscalía envió el caso al juzgado al entender que existían indicios suficientes de la comisión de estos ilícitos penales. El paso siguiente se produjo ayer con el arresto de Simó y Espinosa.

La principal fórmula de malversación, según se desprende de la denuncia que presentó en su día el sindicato, es la realización de servicios jurídicos externos por un importe de más de 600.000 euros. En estos casos prescindieron del procedimiento de contratación. En la fecha de los hechos, a lo largo de los ejercicios de 2009 y 2010, existía un convenio entre la Conselleria de Territorio y Vaersa para que esos informes fueran realizados por el departamento de la Abogacía de la Generalitat. Evidentemente, en estos casos, el coste del servicio era mucho menor. Esta es una de las cuestiones que se están investigando en el juzgado. La principal en cuanto al importe, pero en las diligencias abiertas se trata de aclarar otras irregularidades que, de momento, no han trascendido.

Existe un procedimiento de responsabilidad contable abierto en el Tribunal de Cuentas. Se trata de un asunto que se resuelve en paralelo a la vía judicial. Tal y como en su día informó la CGT, el Ministerio Público interpuso en ese caso una demanda de procedimiento de reintegro contra exdirectivos y cargos de la empresa pública para quienes solicitaban que fueran condenados a reintegrar el dinero facturado por trabajos de asesoría jurídica externa. En este caso, se reclamaba la cantidad a tres personas: los dos detenidos de ayer y Anna Bayarri, que ocupó la máxima responsabilidad en el área de Recursos Humanos.

Según explicó en su día la CGT, el proceso se inició en este órgano a raíz de una denuncia de este sindicato contra los gestores de Vaersa «responsables de haber contratado a dedo servicios de asesoría jurídica que supusieron el desembolso de 1.974.964 euros». Un auto del Tribunal de Cuentas acordó apartar del procedimiento de reintegro tanto al sindicato como a la empresa pública, al no ostentar la condición de parte demandante ni demandada.

Vaersa ha estado durante los últimos tiempos bajo sospecha. Recientemente, la propia consellera Isabel Bonig confirmó que un miembro de la Policía Judicial visitó la sede de Vaersa para recabar información sobre la compra de una serie de vehículos todoterreno por 1,4 millones de euros en el año 2010. «Se le ha dado toda la documentación. No tenemos nada que esconder», afirmó Bonig. Se desconoce si se trata de la misma investigación de ayer