¿A alguien le gusta el Diccionari de la AVL?

La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) nació con el objetivo de apartar del debate político la polémica lingüística. Tras unos inicios complicados, el ente normativo logró que sus dictámenes terminaran siendo reconocidos. De la AVL casi ni se hablaba, y probablemente ese fue su principal logro.

Pero ese éxito saltó por los aires a principios de año. La AVL publicó el Diccionari normatiu valencià, una vasta obra que ha tardado más de una década en elaborarse y que, visto con perspectiva, no ha terminado de gustar a nadie

El primero en rechazar su contenido fue el Gobierno valenciano. La definición de 'valencià' -llengua romànica parlada a la Comunitat Valenciana, aicí como a Catalunya, les Illes Balears, el departament francés dels Pirineurs Orientals, el Principat d'Andorra, la franja oriental d'Aragó i la ciutat sarda de l'Alguer, llocs on rep el nom de català- generó una amplia polémica.

El Consell solicitó un informe al Consell Jurídic Consultiu, que acabó dictaminando que la AVL carecía de competencias para definir al valenciano de ninguna otra forma que no fuera la recogida en el Estatuto de Autonomía -La lengua propia de la Comunitat Valenciana es el valenciano-. Había que cambiar la definición. Así lo planteó el Consell, aunque la institución que dirige Ramón Ferrer no ha atendido por ahora el requerimiento.

Paradójicamente, el cuestionamiento de esa definición que hizo el Consell provocó que las universidades valencianas salieran en tromba a defender la autonomía de la AVL. Una defensa que contrasta con la valoración que el Instituto Interuniversitario de Filología -que componen los departamentos de filología de las universidades valencianas- ha hecho ahora de esa obra. En su opinión, han señalado debe "revisarse y reorientarse" y se echa de menos "falta de transparencia" en las novedades introducidas en la obra.

Las críticas de la universidad hacia la AVL se unen a las ya tradicionales que las entidades culturales valencianistas vienen realizando hacia una institución a la que consideran como indiscutiblemente defensora de la unidad lingüística -motivo por el que solicitan su disolución-.