El PSPV denuncia al Consell por «comprar innecesariamente» la empresa que organizó la F-1

Era el último de los contratos de la Fórmula 1 que quedaba por salir a la luz, pero la portavoz socialista de Grandes Proyectos en Les Corts, Eva Martínez, desveló el contenido de la prórroga que el expresidente de la Generalitat Francisco Camps firmó con el magnate de la organización de las carreras, Bernie Ecclestone, justo la víspera de su dimisión como jefe del Consell. La parlamentaria aprovechó una comparecencia del vicepresidente José Císcar en la comisión de Coordinación del Parlamento valenciano para airear el acuerdo confidencial.

En el documento, suscrito el 19 de julio de 2011 entre seis partes (tres correspondientes a la organizadora de la F-1, junto a Valmor, la Sociedad Proyectos Temáticos y la propia Generalitat)y con efecto retroactivo a diciembre de 2010, se amplía por diez años más la celebración del gran premio automovilístico en Valencia. Es decir, en lugar de tener carrera en el circuito urbano hasta 2014 (como se firmó en un principio), Valencia celebraría pruebas hasta 2020. Eso sí, en el documento mercantil aparece por primera vez la Generalitat Valenciana como institución, y no a través de una de sus empresas públicas de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat (SPTCV) como copromotora de la prueba al haberse convertido en avalista del porcentaje que hasta la fecha tenía Bancaja.

Así, según denunció Eva Martínez, el Consell se hizo copromotor de la Fórmula 1 a modo de doble garantía para el magnate británico frente a posibles incumplimientos del contrato y posibles penalizaciones. Según la diputada, su posición contractual hace «innecesaria e injustificada» la compra de la empresa que en un principio organizó las carreras en Valencia, Valmor, por parte de la Generalitat. De hecho, la socialista presentó la pasada semana una denuncia ante la Fiscalía contra la exconsellera de Cultura Lola Johnson, el vicepresidente del Consell, José Císcar, la exvicepresidente, Paula Sánchez de León, y el jefe del Consell, Alberto Fabra, por presunta malversación de caudales públicos. A su juicio, «resulta muy sospechoso que Camps tuviera la preocupación un día antes de su dimisión de firmar este documento, del que se conocía la existencia pero no el clausurado, y que acredita que no era necesario comprar Valmor» para que la Generalitat organizara la Fórmula 1, ha insistido.

Martínez destacó que gracias al conocimiento de este documento se ha podido saber que la Generalitat, «que ya era copromotora del premio de Fórmula 1 (a raíz de un contrato de 2009), se pone en su condición jurídica como garante y avalista respecto de todas las obligaciones de la F1, que ya podían ser pagar el canon o pagar la penalización si no se celebraba el evento». Por tanto, el Consell hubiera tenido que pagar la temida multa de 71 millones de euros por no organizar la carrera, de todos modos.

Así, tras la compra en 2011 de la empresa Valmor por 99 céntimos por parte de la Generalitat, el Ejecutivo autonómico asumía sus obligaciones y también la deuda que arrastraba, de más 34 millones de euros. Por su parte, pel vicepresidente del Consell, José Císcar, preguntado por sus declaraciones en las que dijo que en la compra de Valmor «había que elegir entre lo malo y lo peor», explicó que «la alternativa era no celebrar la prueba y que pagara la Generalitat 71 millones de dólares.Cuestionado por si esta situación se daba por el contrato que firmó Francisco Camps, negó la mayor y aseguró que la decisión se tomó «por el conjunto de las relaciones contractuales que había establecidas entre la Generalitat, la organización de la prueba y Valmor en su momento» y subrayó que la prórroga del contrato «no es la responsable de establecer esa indemnización».

La historia de la Fórmula 1 se remonta a 2007, año en que se acordó la celebración del gran premio en Valencia. La empresa de Ecclestone y Valmor firmaron el primer contrato, que se acabó modificando en 2008 con la entrada de la SPTCV junto a Valmor en la organización de la prueba. Así, desde 2009, la Generalitat ya era copromotora del gran evento hasta que en 2011 el Consell asumió la empresa privada. Una operación que ya había llevado a los tribunales el portavoz adjunto de Esquerra Unida, Ignacio Blanco, y que ahora también el PSPV ha puesto en manos de la Fiscalía por presunto delito de malversación.