El PSOE aboga porque el superávit de los ayuntamientos se use para invertir

Los candidatos del PSOE por la provincia de Alicante al Congreso volvieron ayer a la sede de los socialistas oriolanos, como hicieron la semana pasada para hablar de agua, pero en esta ocasión la reunión giró en torno a las políticas municipales y la financiación de los ayuntamientos.

En la reunión estuvieron los candidatos Julián López, Encarna Llinares y Antonia Moreno junto a primeros ediles y portavoces socialistas de la comarca con el objetivo de aportar soluciones para poder mejorar la financiación municipal. En la sesión de trabajo mostraron su compromiso de cambiar la ley para que los ayuntamientos «puedan hacer inversiones y crear empleo en sus municipios», dijo López en una comparecencia en la que lucieron camisetas rojas con el lema de apoyo a la sanidad y educación públicas.

El número uno de la lista provincial criticó «la situación complicada de este último año para muchos ayuntamientos desde que se produjo el cambio en ellos» y argumentó que en este tiempo «tanto Rajoy como Montoro han intentado maniatar a los alcaldes del cambio y progresistas, que llevan intentando poner a los ayuntamientos al servicio de sus vecinos y el Gobierno no les deja». Así reseñó que es la Ley de Estabilidad Presupuestaria el principal escollo para que puedan hacer inversiones o atender determinados servicios o crear empleo. López dijo que esta solo sirve para «maniatar a los alcaldes e impedirles que presten servicios fundamentales para los vecinos más necesitados como la atención domiciliaria o a las víctimas de violencia de género». Asimismo añadió que esta impide que «alcaldes que gestionan bien sus presupuestos puedan dedicar fondos a a hacer inversiones», entre las que citó la creación de empleo de forma directa o indirecta «puesto que les obliga a dedicar esos ahorros a amortizar préstamos y a pagar deuda con los bancos a cargo de superávit municipal».

En este sentido mostró el compromiso del PSOE a derogar esa reforma porque «quita competencias a los ayuntamientos y supone que los alcaldes tengan que decir a sus vecinos que no pueden atender todas las demandas sociales».

En esa línea se expresó también Antonia Moreno quien acusó al Gobierno central de obligar a los consistorios «a que primero salden la deuda con los bancos y después atender a la gente cuando la gran mayoría de ellos han realizado importantes esfuerzos y cuentan con deudas asumibles» por lo que abogó por derogar estas leyes. «Lo primero debe ser la gente y los ayuntamientos y después los bancos porque si los primeros no funcionan bien los vecinos no pueden vivir bien», afirmó.

Moreno por último dijo que el presidente del Gobierno no puede dar lecciones en estas cuestiones porque «no ha cumplido con el déficit y Europa lo acaba de multar pero se presenta de nuevo como garantía de estabilidad, creación de empleo y seguridad».