El Ayuntamiento deberá indemnizar al técnico de ADL por bajarle el salario

El equipo de gobierno de Albatera se ha obstinado en no dar su brazo a torcer en una reclamación salarial que el trabajador de la Agencia de Desarrollo Local (ADL) interpuso hace cinco años. El empleado ha conseguido tres sentencias a su favor de diferentes salas judiciales, pero desde el Ayuntamiento vuelven a recurrir ahora como última instancia al Tribunal Constitucional. El denunciante considera que todas las costas y los intereses de demora de los últimos años se podrían haber ahorrado si el regidor no hubiera recurrido en tres ocasiones la primera sentencia condenatoria.

El empleado, como personal laboral del Consistorio, denunció al gobierno de Berná durante su primera legislatura por discriminación salarial ya que le recortó el sueldo en 600 euros mensuales con respecto a otra persona que trabajaba en este mismo departamento municipal y que ostentaba el mismo rango. Esta situación se llevó al Juzgado de Lo Social de Elche que un año más tarde daba la razón al trabajador de la ADL. El primer fallo emitido en el 2010 otorgaba una indemnización de 7.000 euros en favor del denunciante ya que equiparaba ambas retribuciones, puesto que ambos compartían el mismo grado. Además, el juzgado ordenaba el abono del 10% en concepto de intereses de demora.

No conforme con esta decisión, Berná elevó al Tribunal Superior de la Comunitat Valenciana (TSJ) un recurso que volvió a perder porque la irregularidad del recorte salarial se mantenía firme por parte de las autoridades judiciales. El gobierno del PP seguía sin estar conforme con la Justicia y envío un recurso de Casación al Tribunal Supremo hace un año. En un primer momento el alto tribunal desestimó este recurso, pero en una segunda petición de la administración municipal abrió el trámite y acordó inadmitir el recurso imponiendo las costas al recurrente. Además, el Supremo no dejó opción a recurrir este último fallo.

El empleado público consideró que ya no habría más posibilidad de retrasar la indemnización que le tocaba recibir desde el 2010, si bien los responsables municipales han decidido acudir al Tribunal Constitucional para gastar el último cartucho legal. El denunciante considera que «tratan de paralizar una sentencia desde el 2010 pero en realidad estas maniobras las va a pagar todo el pueblo porque las costas las tiene que abonar el Ayuntamiento». El afectado por esta serie de recursos recuerda que «hace falta pagar a procuradores, a los servicios jurídicos del Consistorio y a mi abogado», y adelanta que reclamará sus derechos una vez se emita el último fallo. Así espera recibir otra indemnización por daños y perjuicios derivados del retraso intencionado del Consistorio, según su parecer.

El empleado de la ADL critica que desde que interpuso la reclamación judicial «me han enviado al ostracismo, en un despacho como orientador laboral donde no vienen personas». Este trabajador adelanta que «la indemnización va a ser cuantiosa entre 40.000 y 50.000 euros por no haber acatado la primera sentencia».

Este diario intentó ponerse ayer en contacto sin éxito con el primer edil de Albatera, Federico Berná, para que diera su versión de los hechos.