Una sentencia condena al Ayuntamiento a pagar 2,2 millones a una urbanizadora
El Contencioso da la razón a La Generala tras reclamar que no se le abonaron 25 certificados de obra del sector D-6 y la alcaldesa dice que recurrirá al TSJ
J. A.
Viernes, 24 de octubre 2014, 01:10
El Ayuntamiento de Bigastro tiene encima de la mesa otro pleito perdido en el juzgado de Lo Contencioso de Elche y que en esta ocasión le obliga a desembolsar una abultada cantidad de dinero.
El tribunal ilicitano dio la razón en una sentencia fechada el pasado 30 de julio a la mercantil que urbanizó el sector D-6, y que ha supuesto muchos quebraderos de cabeza a las diversas corporaciones desde el año 2009, fecha en que La Generala empezó a reclamar por vía judicial el pago de casi 2,2 millones por haber ejecutado este plan parcial, así como el abono de otros 690.000 euros en concepto de intereses de demora por el tiempo transcurrido. La empresa siempre ha mantenido que el Ayuntamiento no le pagó las 25 certificaciones de obra que le presentaron.
Ahora el Contencioso da la razón, en parte, a la mercantil, ya que estima que ha acreditado que presentó esas certificaciones a la administración local y que nunca se le han abonado, pero deja en suspenso el pago de los intereses hasta que la sentencia no ejecute el pago de la cuantía principal, por lo que el montante puede alcanzar una cifra mucho más elevada. La empresa recurrió al Contencioso una vez que la alcaldesa, Charo Bañuls, impugnó cuando accedió al cargo el reconocimiento de la deuda que hizo su predecesor, Raúl Valerio Medina, en el 2011, pocas semanas antes de abandonar la Alcaldía, una decisión que fue muy criticada tanto por la primer edil popular como por su socio de entonces, Aurelio Murcia. Medina se justificó en que haberse allanado a las pretensiones de la empresa suponía ahorrar intereses y costas procesales, pero Bañuls siguió adelante y ahora de nuevo el Contencioso da la razón a las demandas de La Generala.
La alcaldesa reconoció ayer que recurrirá al TSJ el fallo al no estar de acuerdo en que se reconozcan todas las certificaciones, ya que algunas por importe de 300.000 euros no tienen el visto bueno de los técnicos municipales «porque el sector se entregó con deficiencias que no subsanó la empresa por lo cual llegaremos hasta el final». Asimismo culpó al socialista de haber aceptado las reclamaciones de la empresa y no haber seguido con el pleito.