El Contencioso anula el reparto del poder que pactó el PP con Murcia hace tres años

Los tres años de gestión del Partido Popular en Bigastro quedan bloqueados y a la espera de que se conozcan si las decisiones tomadas tienen validez. El Juzgado de Lo Contencioso ha aceptado el recurso que puso el grupo Socialista al Pleno y tumba los acuerdos con los que se configuró el reparto de poder entre el PP de Charo Bañuls y el partido de Aurelio Murcia, Unión Popular, las retribuciones y el nombramiento de cargos tan importantes como el tesorero, al considerar que se coartaron los derechos fundamentales del grupo político.

El titular de la sala, Miguel González Plaza, ha fallado en favor del PSOE y provoca un verdadero seísmo en la estabilidad administrativa de la ya de por si frágil estructura municipal bigastrense. Los acuerdos plenarios quedan anulados pero la sentencia no específica qué se debe realizar con toda la serie de gestiones que ha llevado a cabo el equipo de Bañuls, primero en su etapa de gobierno junto a Upcl y, más tarde, en minoría junto a con su equipo de gobierno. De tomarse el fallo al pie de la letra los concejales del gobierno local no podrían cobrar más retribuciones del Ayuntamiento y se debería volver a configurar las comisiones informativas.

La sala de Lo Contencioso toma esta decisión y considera que la sesión extraordinaria y urgente del 7 de julio del 2011 no cumplía ninguno de estos dos calificativos. Así culpa a Bañuls de no haber respetado la antelación mínima de dos días «sin motivarse la urgencia de la convocatoria ni permitir el examen de las propuestas integrantes». En este sentido, los populares convocaron un primer Pleno para repartir las competencias y los sueldos, pero anularon esta primera cita, y la pasaron a una jornada más tarde con más puntos en el orden del día.

Esta serie de vicisitudes pone un grado más de complejidad al PP de Bigastro, que ahora deberá estudiar la situación en la que le deja esta sentencia, puesto que solo declara la nulidad del Pleno de composición del equipo de gobierno. Sobre este asunto se cuestiona la legalidad del tesorero a la hora de firmar todas las facturas que ha autorizado desde el 7 de julio del 2011, así como la validez del abogado que se nombró para representar a la entidad local en los diferentes procesos judiciales en los que se ve envuelta.

En el fallo también se acusa al grupo popular de no haber concedido la palabra a la oposición para debatir sobre la urgencia de la convocatoria. La única prisa que podía tener la autoridad local en esos momentos era que debía conformar su equipo de trabajo un mes después de la constitución de la Corporación que se realizó el 11 de junio, aunque todavía quedaban cuatro días.

Inseguridad jurídica

Para el grupo socialista esta resolución genera muchas dudas en el presente y el futuro a corto plazo de la gestión municipal. Su portavoz, Raúl Valerio Medina, considera que «la sentencia deja en una inseguridad jurídica total al Ayuntamiento» y añadió que tras realizar varias consultas «nadie conoce ninguna decisión judicial de este calado ni el alcance que pueda conllevar porque no hemos encontrado jurisprudencia». Los socialistas consideran que, además de la legalidad en la firma del tesorero, este «no entregó la fianza que debe depositar antes de acceder a su cargo». Para el grupo socialista «también queda al descubierto la validez de la representación del letrado del Ayuntamiento en todos los procesos en los que ha estado inmerso el Consistorio». Medina recuerda que durante la celebración de aquella sesión plenaria «advertimos a la presidenta de la sesión en 17 ocasiones que no votábamos porque el Pleno era nulo». Esta cuestión fue motivo de bromas y burlas para los concejales del PP y de Unión Popular.

El PSOE también critica que este fallo «se encuentra en el Ayuntamiento desde el 1 de octubre y la alcaldesa no ha querido informar de nada». También se plantean dudas sobre si los concejales que cobraron del Consistorio deben devolver sus pagas como en el caso de Charo Bañuls, Fernando Moya o Sonia Belmonte.

El grupo socialista todavía mantiene otros dos recursos contenciosos relacionados con los derechos fundamentales, uno atañe a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana y un segundo por las facturas que se quedaron guardadas en el cajón en la aprobación del Plan de Ajuste. Asimismo también interpuso otros dos por falta de transparencia del PP.