El colectivo antivertedero confía que el Consorcio anule el Plan Zonal pronto

La vía política podría anular antes que cualquier otro proceso judicial el contrato del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja. El colectivo Albatera, No al Vertedero considera que las decisiones tomadas por parte de los dirigentes del Consorcio «no tienen marcha atrás», por lo que confían que en las próximas semanas el acuerdo se rescinda. Aun así, mantienen los respectivos recursos en los juzgados de Lo Contencioso y Lo Penal, para intentar frenar cualquier tentativa de la empresa adjudicataria.

Hasta tres salas diferentes del juzgado de Lo Contencioso de Alicante han denegado de manera casi sistemática los recursos presentados por el Ayuntamiento de Granja, el colectivo vecinal albaterense y el Consistorio de Albatera. Por ello, desde el gabinete jurídico entienden que «lo más lógico es que todo se resuelva por la vía política», apunta el letrado Mariano Berná.

La junta de gobierno del Consorcio se reúne el próximo viernes para estimar el informe jurídico de la Universidad Carlos III. Un estudio con el que los alcaldes piensan apoyar la decisión de rescindir la adjudicación de la recogida de residuos de la comarca.

Desde el gabinete legal de la plataforma vecinal señalan que «este informe viene a apoyar lo que hemos dicho desde un principio, que la empresa no contaba con terrenos». En este sentido, advierten que «el informe estaba hecho desde mediados de junio, y desconocemos por qué no se ha hecho público antes», comenta Berná, que subraya que «el informe revela cuestiones importantes». Uno de los apartados que resaltan es que «no puede asegurarlo con seguridad pero tal vez haya un delito de falsificación en la información presentada por parte de la UTE».

El catedrático Luciano Parejo no puede confirmar esta aseveración con la documentación que le facilitaron, pero en cualquier caso «existen elementos como para rescindir el contrato porque la empresa engañó a la hora de presentar su oferta», comentan desde la plataforma. Dentro del colectivo no opinan si existen más puntos legales sobre los que desmontar la oferta de Cespa-Ortiz, pero si comparten que «la falta de terrenos es más que evidente porque la empresa solicitó la expropiciación de las parcelas».

Por otra parte, el abogado de la asociación recuerda que se ha presentado un recurso de apelación a la Audiencia Provincial para que el colectivo se persone dentro de la investigación del caso 'Brugal', al igual que también se ha solicitado otro recurso para intentar que Lo Contencioso admita sus alegaciones a la adjudicación del Plan Zonal en abril del 2013. No obstante, los jueces de este tribunal consideran que los que se han presentado son relativos a la adjudicación del Plan cuando «lo que se tendría que haber recurrido era la aplicación de la sentencia, porque la adjudicación era una consecuencia de la aplicación del fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana». En este sentido los tres recursos presentados se han inadmitido porque se argumentan desde la misma base jurídica.