El fiscal pide ocho años de cárcel para Moya por desviar fondos públicos

El fiscal Anticorrupción, Pablo Romero, ha instado al juzgado de Instancia Número 3 de Orihuela a abrir juicio oral contra el exalcalde de Bigastro por el caso que sigue por presunto desvío de fondos municipales en beneficio de dos de sus empresas durante su etapa de mandatario municipal.

El Ministerio Fiscal emitió el pasado 14 de julio un escrito en el que interesa que el juzgado dé los pasos oportunos para sentar al ex primer edil en el banquillo, al entender probado que Moya hizo un abuso de su cargo al librar pagarés por valor de miles de euros para dotar de fondos a dos mercantiles, el Hotel Vistabella Vistabella Palace y la empresa de comunicación Vega Baja de Medios.

Romero pide hasta ocho años de cárcel para Moya por un delito de malversación de caudales públicos y una pena de nueve de inhabilitación para ejercer cargo público por otro de prevaricación, así como a satisfacer diez meses de multa a razón de doce euros diarios por otro delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. En sus diligencias también pide siete años de prisión para el exsecretario municipal, Antonio Saseta, por idéntica malversación de caudales, y otros cinco años y seis meses para un funcionario encargado del área de la contabilidad municipal.

El fiscal entiende que Moya, en su calidad de alcalde, ordenó «actuando con el propósito de lucrarse ilícitamente» el libramiento de pagarés sin que existiese causa, negocio o relación suficiente para hacerlo. Así repasa que muchos de esos pagarés, con cantidades que en casi todos los casos son superiores a los tres mil euros, acabaron en las cuentas cuyos titulares eran la empresa hotelera y la de comunicación, que recibían de forma reiterada los ingresos con cargo a las arcas municipales. Relata el fiscal que entre los años 2004 y 2007 Vega Baja de Medios recibió por orden de Moya, hasta 36.200 euros «sin que el Ayuntamiento tenga constancia de la emisión de dichos pagarés ni el concepto al que obedecen» y sostiene que dispuso de los mismos «como propios para aplicarlos a otros fines ajenos a la función pública. También hace constar que ordenó su pago antes de que las facturas hubiesen sido presentadas y antes de que los pagos fueran aprobados en comisión de gobierno, siendo aprobadas además sin que constara la firma de técnico municipal alguno.

Reprocha el fiscal que Moya actuó de esa forma «pese a ser consciente de lo ilícito de proceder al actuar en representación del Consistorio y de una empresa privada en el mismo expediente administrativo en el que se acordaban pagos a cuenta de servicios no prestados con cargo a fondos municipales, sin que exigiera para la aprobación de las facturas la correspondiente acreditación de la prestación de servicios. También que cobrase a lo largo de los años numerosas cantidades de dinero público en concepto de gastos y dietas sin justificación alguna «enriqueciéndose injustamente con las cantidades percibidas», que cifra en 96.000 euros, y también otros con la tarjeta de crédito municipal.

Asimismo dice que el exsecretario debió ser el garante de esas justificaciones nunca pedidas y que ambos deberán indemnizar de forma conjunta al Ayuntamiento con 218..80 euros por las cantidades apropiadas.