Cerca de 200 personas exigen que las plataformas se personen en 'Brugal'

Tras protestar por las calle de Alicante, Albatera, Granja y Cox ayer ocuparon la plaza de Santa Lucía de Orihuela. Cerca de 200 personas participaron en una sonora manifestación en el acceso al Palacio de Justicia oriolano. Los colectivos antivertedero mostraron su rechazo a que el «juez sustituto» del Caso 'Brugal' les haya denegado presentarse como acusación popular.

Las plataformas vecinales si que estuvieron incluidas en un primer momento, hasta que uno de los acusados, Ángel Fenoll, alegó en contra de esta decisión. La Fiscalía Anticorrupción aceptó esta sugerencia por lo que las asociaciones vecinales quedaron fuera de un proceso que consideran «crucial» en el devenir del Plan Zonal de residuos Los afectados pretendían luchar en contra del vertedero de Albatera y la planta de transferencia de Cox a través de la justicia, por eso la protesta se realizó ayer en la misma puerta de los juzgados.

Los manifestantes llegaron temprano, antes de lo previsto y organizaron su queja en el interior del edificio. El ruido ensordecer obligó a que la Policía Nacional retirara la protesta fuera del recinto una vez transcurrida más de una hora de gritos y abucheos, cuando el jaleo ya había molestado a jueces y abogados.

Para el portavoz de la asociación de Albatera, José Guillén, «es inexplicable que el señor Fenoll recurra y alegue que las asociaciones antivertedero no tenemos derecho a defender otros derechos, solo el medio ambiente». Para el colectivo albaterense «el medio ambiente y el macrovertedero está relacionado, y el nuevo juez nos deja fuera del Caso 'Brugal'». Entre los lemas de las pancartas se pudo leer 'Brugal, 7 años, 7 jueces' y otras que aludían directamente a políticos y empresarios como Enrique Ortiz.

Para la concejal de Coalición Valenciana, Rosario Ballester, «la gente está respondiendo, la lucha debe servir para algo por eso debe tomar otro camino». La edil aboga porque «lo más lógico es tomar la vía penal, porque realmente lo que hay aquí es corrupción y una serie de delitos que tendrán que pagar quienes los han cometido» Ballester dijo que «los vecinos están muy molestos porque nos lógico que tengamos que recibir la basura de 27 municipios», y resaltó que «sabemos que no hay anteproyecto y que los terrenos no son aptos».

Por su parte, la portavoz de la plataforma Granja-Cox, Beatriz Nadal, señaló que «pedimos coherencia a los diferentes órganos jurisdiccionales porque el Plan Zonal se está investigando cuando sigue en marcha». Además, señaló que «el Consorcio con mucha hipocresía encargó un informe jurídico a la Universidad Carlos III». Así, aseguran que este informe no será vinculante hasta que el Consejo Jurídico Consultivo de la Generalitat Valenciana emita un informe sobre las irregularidades de la UTE Cespa-Ortiz en todo el proceso de adjudicación.