Jugársela a una carta

¿Y si lo consigue? Pese a la aparente dificultad de recuperar el apoyo de todos sus socios, incluidos los de formaciones aparentemente tan alejadas del PSOE en la actualidad como Podemos o el partido de Puigdemont, la chequera del Ejecutivo central puede permitir a Sánchez lo que a día de hoy se antoja más que complicado, obtener el respaldo de los 176 diputados que marcan la mayoría en el Congreso para aprobar las cuentas del año que viene. No es fácil, pero tampoco hay que descartarlo.

De modo que una opción sobre la mesa es que, efectivamente, esas cuentas se aprueben. Si eso ocurre, la administración valenciana permanece atenta para comprobar si lo que hasta la fecha ha sido una sucesión de ninguneos y negativas a las históricas reivindicaciones financieras de la Generalitat, aún a pesar de la dana, empiezan a corregirse.

Unos nuevos PGE, al menos la presentación del nuevo proyecto, permitirán comprobar cuál es el nivel de implicación inversora del Gobierno de Sánchez en la Comunitat Valenciana, que debería de ser particularmente sensible tras una tragedia como la del último 29 de octubre y la riada que arrasó media provincia de Valencia.

El proverbial recurso a tomar como punto de partida que el porcentaje de inversiones en nuestra región sea similar al índice de población -como ha ocurrido en la presentación de los últimos proyectos de Presupuestos del gabinete de Sánchez- ya no se sostiene, a la vista de los deficientes porcentajes de ejecución que se acaban comprobando al finalizar cada ejercicio.

Alicante, además, es la provincia con peor índice de inversiones en los PGE. Lo era en 2023, las últimas cuentas aprobadas, y lo ha seguido siendo en 2024 y 2025, los dos ejercicios en los que se han prorrogado. Un dato que no se sostiene bajo ninguna justificación, y que se ha venido manteniendo como consecuencia de esa negativa, hasta la fecha, a tratar de aprobar nuevas cuentas. Alicante se ha visto castigada no una vez, ni dos, sino tres veces, porque los presupuestos de 2023 se han llegado a prorrogar en dos ocasiones.

El problema de la (falta de) inversión en la Comunitat es el más obvio, pero no el único. La Comunitat Valenciana ha venido trasladando toda una serie de reivindicaciones en materia financiera, algunas vinculadas a los presupuestos y otras no, para resolver una situación crítica como la de las cuentas autonómicas. Una de ellas, la fundamental, la reforma del sistema de financiación autonómica. Aprobar los presupuestos implicaría la actualización de las entregas a cuenta, sin la necesidad de que el Gobierno aprobara un decreto, como lleva haciendo dos años no sin dificultades, para que las CCAA dispongan de los recursos suficientes.

Otra, que también depende de los PGE, la aprobación de un fondo transitorio de nivelación que permita a las CCAA infrafinanciadas -la valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha- equipararse con la financiación media del resto de regiones a la espera del nuevo sistema.

Por ahora, lo que ha trascendido es la voluntad del Ejecutivo central de impulsar la financiación singular para Cataluña, una propuesta que en la práctica situaría a esa región fuera del régimen común, aún a pesar de presentarse como compatible con la reforma del modelo y con las singularidades de cada una de las CCAA. El rechazo frontal del PP, con el anuncio incluso de acudir a los tribunales, augura un debate bronco y quizá sin ninguna resolución.

Sobre la mesa, también, la propuesta del Gobierno central de impulsar una quita de la deuda autonómica. Una iniciativa pactada con ERC, formación que puso esa condición para apoyar la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat de Cataluña. El ministerio de Hacienda negocia con las CCAA el impacto de esa condonación, aunque las presididas por el PP ya han avanzado su negativa a implicarse en ese proceso, a la vista de que lo que ha hecho el Gobierno es un traje a medida que beneficia, por encima de todos, a Cataluña.