estamos viviendo un populismo hueco

Durante la última semana, hemos podido ver, leer y escuchar en todos los medios de comunicación los disturbios generados en el sector agrario francés, que han supuesto graves pérdidas para nuestras personas productoras.

Pero lo más grave de todo han sido las declaraciones de Ségolène Royal, exministra de Medio Ambiente del Gobierno francés, que afirmó la semana pasada que los productos ecológicos españoles son falsos, que nuestras frutas y hortalizas no respetan las normas francesas y que no deberían estar en sus puntos de venta.

Estas afirmaciones resultan especialmente graves por su falsedad y por el daño que suponen para los productores españoles, ya que los alimentos ecológicos procedentes de nuestro país tienen una extraordinaria calidad y que todos los productos certificados por las entidades públicas socias de INTERECO respetan escrupulosamente, no ya las normas francesas, que no tendría mucho sentido, sino la normativa europea, que es igual para todos.

Desde el 1 de enero de 2022, el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, establece las normas de producción ecológica y de etiquetado de los productos ecológicos, así como de comercialización de los mismos, en todos los estados miembros.

No podemos permitir que se manche la reputación de la certificación ecológica de España. Las 14 certificadoras públicas que componen INTERECO forman parte de un sistema garante, transparente y participado por el propio sector, un modelo que se está exportando a terceros países de la UE e incluso a Sudamérica. Además, nuestro sistema de certificación tiene los estándares más altos y reconocidos, no sólo por la seriedad de nuestras entidades certificadoras, sino también por el excelso trabajo que realizan día a día todas las personas que se dedican al sector ecológico.

El sistema de certificación pública cuenta con una mayor transparencia e independencia de actuación, incentivando la participación y la vertebración del sector. Además, es más eficiente, ya que simplifica la gestión, ajusta el coste de la certificación y optimiza la gestión de recursos.

No es el caso del modelo de certificación francés, netamente privado, donde media docena de empresas se reparten el trabajo de certificar la producción sin vínculo alguno al sector.

El sector ecológico es uno de los más regulados en toda Europa y, por supuesto, también aquí. No puede venir ahora una política francesa a desacreditarnos para congraciarse con sus agricultores, postularse para hacer campaña electoral o cualquier otra cosa que le ocupe. Sus asuntos personales ni nos ocupan, ni nos preocupan.

Lo que sí nos ocupa y preocupa es seguir haciendo nuestro trabajo de la forma más rigurosa posible, para que nuestros productos ecológicos sigan conquistando Europa y llenando todas las estanterías de cualquier establecimiento.