Las autonomías cambian el paso en el Impuesto sobre Patrimonio

Tras las elecciones autonómicas, las comunidades que pasaron a ser gobernadas por el PP, como la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Cantabria o La Rioja, anunciaron que se suprimiría el pago del Impuesto de Patrimonio (mediante bonificaciones y límites exentos porque el impuesto es estatal y no se puede eliminar por los gobiernos regionales). Extremadura aprobó en septiembre un decreto ley por el que, entre otras rebajas fiscales, se establece una bonificación del 100% en el Impuesto del Patrimonio «con el objetivo de atraer a la comunidad autónoma más talento con capacidad inversora».

El territorio extremeño se sumaba así a lo establecido en otras comunidades gobernadas por el Partido Popular, como Madrid y Andalucía, donde el Impuesto sobre Patrimonio está bonificado al 100%. En Galicia, otra autonomía con Gobierno del PP, la bonificación es del 50%; en Murcia se aprobó para este año un mínimo exento de 3.700.000 euros, que es la cantidad a partir de la cual se tributa en el impuesto a las grandes fortunas.

Sin embargo, el aval del Constitucional al impuesto estatal sobre las grandes fortunas ha hecho que las comunidades replanteen su esquema fiscal. Como el impuesto a las fortunas permite deducirse la cuota declarada en Patrimonio, la realidad es que solo lo abonan los contribuyentes que no pagan Patrimonio. Pero mientras la recaudación de Patrimonio está cedida a las comunidades autónomas, la del impuesto a las grandes fortunas va a parar a las arcas del Estado.

Por eso, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido recuperar el Impuesto sobre Patrimonio para que la comunidad reciba esa recaudación y bajar otros impuestos. En esa línea, Cantabria ha optado por retrasar la derogación de Patrimonio mientras se mantenga el impuesto a los ricos, Andalucía está pensando qué hacer y el resto de autonomías gobernadas por el Partido Popular probablemente no supriman Patrimonio.

Si finalmente todas las comunidades dejan de bonificar el impuesto sobre Patrimonio, la recaudación por el Impuesto a las Grandes Fortunas quedaría prácticamente en nada, salvo que hubiera modificaciones. Los resultados recaudatorios del primer ejercicio de aplicación lo muestran claramente: el 85% de los contribuyentes del nuevo impuesto está en Madrid (10.302 contribuyentes), que han aportado el 95% de la recaudación del Impuesto de Solidaridad (555 millones); en Andalucía han tributado 865 personas un total de 29,7 millones; la recaudación en Galicia ascendió a 9,8 millones de euros; y en Cataluña 322 personas pagaron en conjunto dos millones de euros porque los tipos del Impuesto sobre Patrimonio en esa comunidad son inferiores a la tarifa estatal.

Sin embargo, según el análisis del Consejo General de Economistas y del REAF Asesores Fiscales, en casi todos los países europeos se gravan determinadas manifestaciones de riqueza, especialmente los bienes inmuebles, pero muy pocos gravan el conjunto de bienes como en España. Francia tiene un impuesto que grava solo activos inmobiliarios a partir de 1.300.000 euros. Países Bajos lo sustituyó por un impuesto sobre el rendimiento fijo del patrimonio; en Bélgica se tributa por las cuentas de valores que superen el millón de euros; en Noruega, sin embargo, se gravan los patrimonios a partir de 160.000 euros, un nivel mucho más bajo que en España.

Según el Consejo General de Economistas, teniendo en cuenta las rentabilidades que razonablemente puede conseguir un contribuyente, la tarifa estatal y autonómicas en el Impuesto sobre Patrimonio con tipos que van desde el 0,2% al 3,5% «son demasiado elevadas» y considera que el marginal máximo de la tarifa no debería superar el 1%.

La cesión de la capacidad normativa a las comunidades autónomas (pueden modificar los tipos y aplicar las bonificaciones y mínimos exentos que quieran) ha provocado unas diferencias de gravamen muy elevadas entre contribuyentes con la misma riqueza, diferencias que son las que se pretende moderar con el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas. El respaldo del Tribunal Constitucional fuerza a las autonomías que lo habían suprimido o iban a hacerlo a cambiar el paso.