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Una trabajadora limpia en un negocio de hostelería, vacío, en pleno estado de alarma por coronavirus. EFE/ Natxo Francés
Empresas y particulares podrán exigir indemnización por los daños del estado de alarma

Empresas y particulares podrán exigir indemnización por los daños del estado de alarma

Expertos jurídicos prevén una «avalancha de demandas» contra la Administración por los daños del cierre o la pérdida de familiares

INÉS HERRERO

Lunes, 11 de mayo 2020, 00:00

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Al aluvión de querellas contra el Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus, en conjunto o contra distintos miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez, podría sumarse «una avalancha de demandas contra la Administración por los daños padecidos, tanto por particulares como por empresas», a raíz del Covid-19 y de las medidas adoptadas para afrontar la pandemia.

Así lo apuntan expertos como Juan Antonio Soriano, consejero jurídico de Tomarial Abogados, quien subraya el derecho a exigir indemnización a la Administración en caso de haberse visto «gravemente afectado por su gestión de la crisis sanitaria».

Por ejemplo, por el fallecimiento de un familiar, el contagio en un entorno sanitario por la falta de medios de protección o el perjuicio sufrido por las empresas y autónomos durante el estado de alarma vigente en España desde mediados de marzo.

Los actos multitudinarios tras las advertencias de la OMS, entre los argumentos para impedir que se escude en la fuerza mayor

En apenas dos meses, desde que estalló la crisis del coronavirus, la Comunitat Valenciana ha perdido 10.154 empresas inscritas a la Seguridad Social, como publicó este periódico. Entre quienes de momento aguantan el tirón, cerca de 64.300 negocios han planteado Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en la Comunitat para afrontar el descenso de su actividad y los afectados por estas suspensiones temporales de contrato o reducciones de jornada laboral rondan ya los 400.000.

Según Antonio Ballester, socio director de Tomarial Abogados, «ya hay gente que se está planteando presentar demandas por responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado, tanto empresas como particulares», aunque todavía es pronto para prever el alcance de este tipo de reclamaciones. Entre otros motivos, porque el afectado tiene hasta un año para poder reclamar los perjuicios que le haya ocasionado esta situación.

Ballester explica a LAS PROVINCIAS que es un tema que genera cierta controversia porque hay quien piensa que «la Administración podría alegar ese elemento de fuerza mayor, como un escudo que le exonera de esa responsabilidad patrimonial».

No obstante, en su opinión y la de otros muchos juristas, «en este caso la fuerza mayor puede quedar superada porque hay advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al Estado español, en febrero, del riesgo de pandemia» y, posteriormente, «se produjeron acontecimientos públicos, como las manifestaciones autorizadas en los días previos al decreto del estado de alarma, y ahí ha habido claramente una actuación que podría ser considerada como punible», subraya.

Entre los argumentos a favor del demandante para impedir que el Estado se escude en la fuerza mayor, cita asimismo las diferencias en la gestión de la pandemia por parte de otros países. «Fuerza mayor es cuando hay un terremoto, un incendio o un accidente atmosférico que no se puede prever, aquí parece que había elementos objetivos para advertir de que podía producirse esta circunstancia y, en consecuencia, se tendría que haber tomado medidas con mas antelación», sentencia Ballester.

Es por eso que, en paralelo a la ofensiva judicial emprendida en el ámbito penal, da por sentado que la factura de la crisis para la Administración se extenderá también al ámbito civil. «Las demandas de reclamación patrimonial se van a producir, de hecho, es algo que ya se está estudiando», recalca, en alusión a un abanico de perjudicados que abarca desde quienes perdieron a un familiar a «empresas que se sienten perjudicadas, sobre todo de hostelería, por lo dejado de ganar desde que se vieron obligadas a cerrar» por el estado de alarma.

Es más, incluye entre esos posibles damnificados a quienes hicieron acopio de mercancías para reabrir hoy sus negocios, ante la expectativa de pasar a la fase 1 de la desescalada y, finalmente, no podrán subir la persiana.

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