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En el último año, en España, 1.400.000 trabajadores no acudieron a diario a trabajar según datos propocionados por la CEOE. De hecho, el porcentaje que ha solicitado una baja laboral en los últimos cinco años ha aumentado un 27% pasando del 41,6 % en 2018 al 52,6 % en 2023. De hecho, un 16,6 % de los trabajadores del Régimen General encadenó más de un proceso de incapacidad temporal (IT) en 2023, un 55 % más que en 2018, concentrando el 69,6 % del total de bajas y el 64,5 % de las jornadas perdidas, según un estudio sobre absentismo laboral elaborado por Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).
Es un asunto que está en el foco mediático. Genera grandes discrepancias entre empleados y empresarios. En las últimas horas, Ángel Nicolás, presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, ha hecho unas declaraciones que han levantado ampollas. Ha asegurado que una gran parte de las bajas que se cogen en España son fraudulentas. «De cada 100 trabajadores que están malitos, 20 no lo están», ha dicho, según recoge ABC.
Ha aprovechado también para lanzar críticas contundentes sobre el impacto económico que tiene una baja laboral en una empresa y ha sido duro con las bajas por salud mental: «El coste de la incapacidad temporal por contingencia común es algo que hay que mirar. Muchas de estas bajas son de muy difícil calificación porque se deben a salud mental y a partir de ahí te puedes encontrar la típica persona que efectivamente está afectada y la que ha encontrado un buen refugio para estar en su casa cobrando el cien por cien».
También ha puesto en duda los periodos de incapacidad que se manejan en las mutuas: «¿Cuál es la duración de los procesos cuando se produce una rotura jugando al fútbol o una rotura en la fábrica?«. Después, ha puesto un ejemplo: «Nuestra baja tiene una media de dos meses y la del sistema público de salud tiene una media de seis meses. El mismo quebranto de la misma pierna».
Como presidente de Cecam, Nicolás ha informado de que la confederación ha detectado, gracias a la contratación de detectives privados «casos absolutamente escandalosos y no ha ocurrido nada».
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