La Conselleria de Economía confirma que no prorrogará la concesión de las ITV
El Ejecutivo se ampara en un informe externo que fija que es la opción económica más desfavorable y en su relación con el caso Zaplana
La Conselleria de Economía mantiene su plan para asumir la gestión de las estaciones que dan el servicio de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y como parte del mismo ya ha comunicado de forma oficial que no prorrogará la concesión actual.
El departamento encabezado por Rafael Climent ha informado que la posible prórroga de la actual concesión de 25 años que vence en 2023 no será una realidad. La noticia no ha sorprendido a las diferentes firmas ya que la voluntad de llevar a cabo esta eversión se había reiterado y era un requisito legal comunicar esta intención antes de finalizar el ejercicio.
El Consell utiliza un doble argumentario para justificar esta reversión. Por un lado, esgrime un informe externo que señala que prorrogar «la concesión actual otros 10 años es la opción económicamente más desfavorable». El mismo deja claro que es más ventajoso realizar un nuevo concurso o asumir directamente el servicio como pretende el Ejecutivo valenciano. Un movimiento con el que esperan ingresar 39 millones anuales con los que mejorar el servicio y reducir el precio.
La otra pata es la política. Compromís, cuyos dirigentes lideran la Conselleria de Economía, ha doblado sus esfuerzos para asumir el servicio desde que estalló el caso Zaplana en el que se apunta a supuestas mordidas en el proceso de privatización. De hecho, se recogió explícitamente en el acuerdo del Gobierno conocido como Botánico II esta propuesta para llevarla a cavo durante la legislatura.
La relación entre el Consell y las empresas adjudicatarias está casi rota y se ha mantenido por la vigencia de los contratos. Las firmas que dan el servicio de la ITV ya se enfrentaron en los tribunales al Ejecutivo autonómico que presidió Alberto Fabra por las tarifas y con el actual Gobierno los litigios judiciales han proseguido. El mayor reto será gestionar a partir de ahora la transferencia de una plantilla que conforman 1.200 personas, con una importante presencia de trabajadores temporales.
