Andalucía multa ahora al BBVA con 1,62 millones de euros por no ofertar sus VPO

El BBVA deberá pagar a la Junta de Andalucía 1,62 millones de euros por no ofrecer 27 viviendas protegidas a los registros municipales de demandantes, una infracción tipificada de muy grave en la ley autonómica de la función social de la vivienda. Se trata de la tercera sanción de este tipo, ya que en noviembre se multó al Banco Popular con 5,8 millones y con 120.000 al Sabadell.

Según ha informado la Consejería de Fomento y Vivienda, dirigida por Elena Cortés (IU), las viviendas están ubicadas en Granada (siete), Cádiz (seis), Almería (cinco), Huelva (cinco), Málaga (dos) y Sevilla (dos), a razón de 60.000 euros de multa por vivienda. Ninguna de ellas ha sido ofertada a los registros municipales de demandantes, los encargados de seleccionar y adjudicar los inmuebles de protección pública y de fijar los requisitos socio-económicos para el acceso a los mismos bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia, por lo que tras desestimar las alegaciones presentadas por el BBVA se ha fijado la sanción.

Las VPO ni se acumulan, ni sirven para la especulación, insistió ayer Cortés en un comunicado, recordando que el dinero público es lo que permite construir una vivienda protegida, que debe ser siempre para una familia que la necesita y cumpla los requisitos. La Consejería de Fomento y Vivienda tiene además abiertos otros expedientes sancionadores a otras cinco entidades financieras por un total de 3,48 millones. Se trata de Building Center (1,56 millones por 26 viviendas), Unión de Créditos Inmobiliarios (780.000 euros por 13 viviendas), Banco Santander (660.000 euros por 11 viviendas), Servihabitat (360.000 euros por 6 viviendas) y Anida Operaciones Singulares (120.000 euros por 2 viviendas). También la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), se enfrenta a un expediente por 11,7 millones de euros por no ofertar a los consistorios su inventario de viviendas protegidas, que inicialmente cifró en 911 viviendas y ante el temor a una multa millonaria rebajó a 98.

La polémica ley de función social de la Vivienda, más conocida como ley antidesahucio, fue recurrida en parte por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, que suspendió la posibilidad de expropiar temporalmente a los bancos aquellas casas ocupadas por personas en situación de desahucio y que corrían riesgo grave de exclusión social. La paralización se llevó a cabo cuando ya se habían abierto 39 expedientes de los 200 solicitantes, aunque solo se habían acometido dos expropiaciones.