Más ambición que ejecución para paliar la falta de VPO

Desde entonces ha pasado un año y tres meses, tiempo insuficiente para desatascar el embrollo heredado del Gobierno del Botánico y poner en marcha todos los instrumentos necesarios para que el Plan Vive, nombre con el que el Consell bautizó a su programa de vivienda, empiece a ser una realidad.

Fernando Cos-Gayón, director de la Cátedra de Vivienda de la Universitat Politècnica de València, considera que por ahora sólo se ha dado un primer paso para el cambio: «La Comunitat Valenciana ha iniciado un giro pragmático en política de vivienda». Una línea similar a la que defiende el portavoz del Colegio de los Agentes de la Propiedad de la Comunitat Valenciana, Vicente Díez. «Las medidas tomadas hasta la fecha no han conseguido mejorar el problema, si bien es cierto que en esta materia las soluciones suelen llegar a largo plazo», explica Díez.

De momento, la conselleria de Vivienda, dirigida por Susana Camarero, ha licitado un tercio de esas 10.000 viviendas que planteaba Mazón, aunque todavía no ofrece una cifra concreta de cuántos de esos 3.000 proyectos ya se encuentra en construcción. Si el propósito ya era tan ambicioso como complicado de por sí, los trágicos acontecimientos del 29 de octubre elevaron la dificultad a un nivel superior. Desde la dana, la responsable de Vivienda, que también actúa como portavoz en el gobierno valenciano, ha tenido que estar más pendiente de lidiar con las labores vinculadas a la gestión del desastre que del avance de la estrategia valenciana para poner fin a la crisis.

Y por si la desatención a la situación de la vivienda pudiese parecer un problema menor, la dana también abrió una brecha en las relaciones entre el gobierno valenciano y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que justo antes de la tragedia incluso abrían las puertas a una posible colaboración para desarrollar un pacto de Estado en materia de vivienda.

Pese a ello, hay que destacar que el gobierno valenciano ha sacado adelante medidas a tener en cuenta sobre todo en el medio plazo. La aprobación de un nuevo decreto autonómico para regular la vivienda pública ha supuesto un avance importante, sobre todo para la construcción de vivienda protegida, ya que el módulo dinámico, que regula los precios anualmente, puede animar a los promotores privados a construir. Ahora falta que se active esa medida.

Pero la escasez de vivienda pública sólo es uno de los múltiples problemas que rodean a la vivienda. Los precios están por las nubes. El metro cuadrado se sitúa en 1.501 euros tras crecer un 11,8%, mientras que el precio del alquiler también sube en dobles dígitos hasta situarse en los 1.200 euros por un piso de 100 metros cuadrados. Y la demanda se dispara al mismo tiempo que decrece la oferta.

Un escenario complicado sobre todo para los sectores vulnerables. Mazón ha apostado por cuidar a los jóvenes. La puesta en marcha de una línea de avales sólida que cuenta con el respaldo del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) o el Bono Alquiler Joven han sido algunos de los éxitos que se puede apuntar el presidente de la Generalitat.