Lo mejor y lo peor en la política de Vivienda por parte del Consell

Era la prioridad para el Gobierno de Carlos Mazón al inicio de la legislatura. El objetivo era claro: construir 10.000 viviendas combinando suelo público y privado. A pesar de que la dana lo relegó a un segundo plano, la necesidad es cada vez mayor debido al incesante aumento de la población, impulsado sobre todo por la llegada de migrantes. La intención del jefe del Consell desde su llegada al cargo era buena. Sin embargo, en sus dos primeros años al frente del gobierno valenciano las operaciones para incrementar el parque público de vivienda han sido más bien pocas.

na de las cuestiones que más polémica ha generado, especialmente en el último año, respecto a la política de vivienda del Consell es la inacción frente a los grupos inversores que son capaces de adquirir viviendas a un precio muy inferior al que tiene que pagar un particular para hacerlo. En los dos primeros años de legislatura, el gobierno valenciano apenas ha recurrido al derecho de tanteo, que ofrece prioridad a la administración en la compra antes de que se vaya a realizar la operación, o de retracto, que le ofrece la posibilidad de hacer una oferta incluso cuando después de la venta.

Ante el evidente problema de la escasez de oferta, las viviendas vacías agravan la situación. Sin embargo, la Generalitat evita aplicar sanciones a los grandes propietarios de viviendas que no ponen en venta o alquiler inmuebles que lleven más de un año deshabitados. El ejecutivo de Mazón tiene entre sus competencias la capacidad para sancionar. Sin embargo, no se está aplicando esta potestad y únicamente se está castigando a los grandes tenedores con casas deshabitadas con un impuesto adicional.

El ambicioso planteamiento de Mazón en materia de vivienda requería una puesta en marcha ágil. Si se pretendía construir 10.000 viviendas en cuatro años, los primeros proyectos tendrían que haber sido redactados al inicio de la legislatura. Si se comparaba con el gobierno del Botánico, Mazón tenía fácil superar la cifra de viviendas protegidas construidas, ya que no se construyó ninguna en los ochos años anteriores. Sin embargo, a pesar de poner en marcha medidas que simplifican las gestiones administrativas, el Consell sigue trabajando en la obtención de suelo y su correspondiente gestión para que pueda ser destinado a vivienda. En el último año, el primero desde que Mazón anunciase su plan de vivienda, la Generalitat ha licitado 3.000 inmuebles públicos protegidos.

Al igual que en la gestión de la dana, la falta de entendimiento con el Ejecutivo de Pedro Sánchez también ha supuesto un lastre a la hora de actuar ante la crisis de la vivienda. La entrada en vigor de la Ley estatal de Vivienda, y sobre todo de la medida que limita al 2% la actualización de los alquileres en zonas tensionadas ha favorecido al desentendimiento entre ambas administraciones.Y eso que la responsable de la conselleria de Vivienda, Susana Camarero, aseguró dos días antes de la dana que el Consell estaba dispuesto a trabajar de la mano del Gobierno central para elaborar un pacto de estado alrededor de la vivienda. Después del 29-0 sus palabras quedaron en el olvido.

Un aspecto que en otro momento se podría ver con buenos ojos, pero con la situación actual supone una enorme complicación es la apuesta de inversores y compradores por la Comunitat Valenciana. En mitad de la crisis, buena parte de la población encuentra una oportunidad para adquirir una segunda residencia, ya sea con el objetivo de disfrutarla o de sacarle una rentabilidad en el mercado del alquiler. En este fenómeno la Comunitat Valenciana se convierte en el primer destino en España, tanto por su costa como por el auge de las fincas rústicas desde la pandemia.

La aprobación a final de año de un nuevo decreto autonómico para regular la vivienda pública de la Comunitat ha sido una de los grandes avances de la estrategia de vivienda del gobierno de Mazón. En ella se incluye un innovador modelo para calcular el precio de forma anual denominado el módulo dinámico. A pesar de que la aprobación del nuevo decreto ya es un avance importante, los promotores siguen aguardando la puesta en marcha de la herramienta, que incentivará la construcción de vivienda pública protegida entre el sector privado.

Los jóvenes han sido los principales beneficiados en los dos primeros años de Mazón en el gobierno de la Generalitat. El presidente hizo hincapié en la necesidad de favorecer a un sector tan importante como el de los menores de 35 años, por lo que lo hizo a través de un sólido programa de ayudas al alquiler y una serie de medidas fiscales, entre las que destaca la rebaja del 25% del impuesto de la vivienda.

Uno de las reivindicaciones del Consell ha sido la derogación de la Ley de Vivienda estatal porque, según criticó Mazón, la normativa ha «sacado viviendas del mercado del alquiler al desproteger a los propietarios» y restarles seguridad jurídica. También defendió una reforma normativa para agilizar los procedimientos judiciales.

La Generalitat encontró respaldo en el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para ofrecer un plan de avales para la compra de primera vivienda. El gobierno valenciano alcanzó un acuerdo para garantizar a las entidades financieras hasta el 15% del riesgo de crédito del préstamo hipotecario para que puedan llegar a concederse por el 95% del valor del inmueble y así reducir el importe del ahorro previo que necesita el comprador para ese parte de inversión por la que no recibe financiación.

Entre las medidas más recientes de Mazón, una que puede marcar el futuro de la vivienda en los próximos años: la Generalitat puso en marcha el teléfono 012 para atender a víctimas de este delito y anunció la creación de una oficina antiocupación para coordinar actuaciones. Asimismo, aseguró que formaría a policías para intervenciones rápidas.