Lo mejor y lo peor de la financiación valenciana

El sistema de reparto de fondos lleva caducado 11 años y no hay acuerdo a la vista para impulsarlo, ni para aprobar un fondo de compensación para las CCAA que, como la valenciana, están por debajo de la media.

El mecanismo para poder atender la deuda con los proveedores está bloqueado desde diciembre y no se sabe qué hará Hacienda. 1.900 millones de euros debería de recibir la Comunitat durante este mes de julio para poder superar el colapso financiero al que se enfrenta si no puede atender de inmediato su deuda comercial. Si el Gobierno no lo autoriza, los servicios públicos básicos pueden estar en peligro por impago.

La consellera de Hacienda, Ruth Merino se dirigió por carta a María Jesús Montero ya el mes de noviembre para solicitar recursos a fondo perdido para la Comunitat con el objeto de poder hacer frente a los daños de la dana, igual que se concedieron en pandemia. La respuesta fue negativa. 3.000 millones a fondo perdido recibió el Botànic del Gobierno por la pandemia.

Pactada por el PSC y ERC para Cataluña, pero sin pistas sobre cómo afectará al resto de comunidades autónomas. La propuesta que se perfilará el próximo 14 de julio puede sacar a esa región del régimen común.

La UE acordó conceder 100 millones de euros de su Fondo de Solidaridad para hacer frente a los daños causados por la dana. De esa cantidad, el Gobierno de España ha decidido limitar a 31 millones los de la Comunitat.

La debilidad parlamentaria del PSOE le ha impedido aprobar presupuestos desde 2023. Esa circunstancia ha prolongado durante los dos últimos ejercicios unas inversiones situadas por debajo de la media.

El ministerio de Hacienda también ha dado portazo a la petición de la conselleria de Hacienda para reasignar 3.400 millones de fondos europeos y redirigirlos a la atención a los daños causados por la riada.

El consejo rector de incentivos regionales dependiente del ministerio de Hacienda acaba de aprobar medidas dirigidas a facilitar la reactivación económica de la zona cero de la dana. Eso sí, las medidas se toman con ocho mese de retraso, porque en el volcán de la Palma se adoptaron sólo dos semanas después. Esos incentivos regionales son ayudas estatales financiadas con fondos europeos Feder y gestionadas por el Ministerio de Hacienda. La Generalitat remitió dos comunicaciones, una en enero y otra en mayo, para solicitar estas medidas. Pero el Gobierno no ha dado luz verde a esos incentivos hasta este mes de junio. El contenido del acuerdo señala que para los proyectos localizados en los municipios afectados por la riada se establecerá «una bonificación adicional de 5 puntos porcentuales» sobre el porcentaje que resulte de su calificación».

Se había venido manteniendo a la hora de reivindicar un nuevo modelo, pero la incorporación de nuevos factores, como condonar la deuda, y el rechazo de otros, como el fondo transitorio, lo han arrasado.

Una de las críticas recurrentes de la oposición a Mazón fue el anuncio de bonificar al 100% la ecotasa que gravaba la central nuclear de Cofrentes, lo que supondrá para Iberdrola un ahorro de 14 millones de euros.

Anunciado hace sólo una semana por presidencia de la Generalitat, incorpora nuevas medidas de reducción del gasto dirigidas a aumentar el ahorro al máximo para tratar de evitar el colapso financiero por el bloqueo del FLA. Incluye limitación del gasto corriente y nuevas medidas sobre el sector público y contra el absentismo laboral de los funcionarios. También prevé la venta de patrimonio de la Generalitat y nuevas medidas de racionalización del gasto. 2.485 millones fue el déficit de 2024. Para reducirlo, la Generalitat prepara este plan de choque ante la estrategia de asfixia, explica, que mantiene el Gobierno central con la autonomía y comenzará a ejecutarse si el próximo 7 de julio, como han reclamado los agentes sociales, no se aprueba por parte del Ministerio de Hacienda el FLA extraordinario que ha estado vigente durante los últimos 13 años para cubrir las desviaciones de déficit.

El Consejo de Ministros aprobó en junio un Real Decreto-Ley para actualizar las entregas a cuenta de las Comunidades Autónomas y también de las Entidades Locales del año 2025. Las comunidades recibirán las mayores entregas a cuenta de la historia con 147.412 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,5% respecto a las percibidas el año pasado.

La actualización de las entregas a cuenta permitirá a la Comunitat ingresar 168 millones más al mes. Esa cantidad con efecto retroactivo al 1 de enero, son más de 1.100 millones, pero no llegarán hasta septiembre.

El Gobierno de Pedro Sánchez lleva transferidos a la Comunitat un total de 1.486 millones de euros en concepto de anticipos a cuenta de la liquidación del sistema de financiación de 2023, que se abona dos años después y que en el caso de la Comunitat asciende a 2.000 millones de euros. Los anticipos se conceden por la petición de la administración autonómica, que de esta forma logra oxígeno financiero en una situación crítica.

Tras el acuerdo entre el PSOE y los independentistas, el departamento que dirige María Jesús Montero aceptó impulsar una quita de la deuda de las CCAA. Un total de 83.000 millones que serían asumidos por el Estado, pero cuyos criterios de reparto ha generado severas discrepancias. Las autonomías gobernadas por el PP han rechazado de forma unánime la propuesta del Gobierno, al cuestionar que haya negociado el acuerdo solo con los soberanistas. 11.210 millones son los que propone condonar el ministerio de Hacienda a la Comunitat Valenciana. La cifra, no obstante, se queda a años luz del agujero generado por la infrafinanciación, y que los expertos sitúan por encima de 40.000 millones.