La falta de fondos lastra la viabilidad de la Comunitat

El dinero no da la felicidad, pero... sin dinero no se puede pagar el coste de los servicios públicos, ni a las empresas proveedoras, ni a su personal en nómina, ni tampoco se puede acelerar la reconstrucción tras la dana. El dinero no da la felicidad, pero hace falta. Y la Comunitat Valenciana no tiene. O tiene muy poco, y sin ninguna duda mucho menos que otras Comunidades Autónomas. El debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica es el frente político más delicado que arrastra esta región. Desde 2002 el Estado no cumple con su obligación de facilitar a la Comunitat el dinero que necesita para atender sus servicios públicos fundamentales. No llega dinero, y esa situación no la ha resuelto ninguno de los Gobiernos centrales, de PP y PSOE, que se han ido sucediendo. El modelo de 2002 dejó a la Comunitat a la cola en financiación por habitante, y el de 2009, pactado por Zapatero con los independentistas catalanes, acentuó más si cabe esa situacion. El modelo caducó en 2014 y desde entonces se han sucedido los intentos de negociar un nuevo sistema de reparto de fondos. Intentos que se han quedado en eso, y que han acentuado la situación crítica de una región que debe más de 60.000 millones de euros y que cerró el último año, 2014, con casi 2.500 millones de gastos por encima de sus ingresos.

Que la situación es dramática se ha hecho mucho más patente tras la dana del pasado 29 de octubre que ha dejado 228 víctimas mortales y una profunda sensación de desatención por parte de los poderes públicos. Porque la falta de recursos financieros se ha sumado al retraso en la llegada de las ayudas, especialmente hiriente en el caso del Gobierno central. La Comunitat Valenciana no ha dispuesto de recursos a fondo perdido, pese a solicitárselo al Gobierno, ni ha logrado que se reasignaran los fondos europeos –también reclamado al ministerio de Hacienda– ni ha recibido los 100 millones del fondo de solidaridad de la UE.

Pero lo más grave, el problema que a día de hoy atenaza la viabilidad de las cuentas autonómicas, es como consecuencia del bloqueo del FLA extraordinario, el mecanismo con el que el Gobierno viene atendiendo desde hace más de una década el exceso de déficit de las CCAA. Y que este año, precisamente este año, sigue en suspenso. Ese extra FLA debería permitir la llegada este mes de julio de 1.900 millones de euros con los que la administración autonómica podría atender su deuda comercial, es decir, con sus proveedores de servicios públicos básicos. Farmacia, plazas públicas en residencias de mayores, comedores escolares... buena parte de las empresas que tienen en la administración valenciana a uno de sus principales clientes ven pasar los días sin tener la certeza de poder cobrar las cantidades milmillonarias que se les adeudan.

El Gobierno central, es verdad, ha anunciado la actualización de las entregas a cuenta de la financiación, una medida que en realidad no significa más que transferir a las CCAA el dinero real que les corresponde este ejercicio, y avanza en su plan para condonar deuda a las autonomías (11.210 millones en el caso de la valenciana). Y también ha anticipado 1.486 millones de euros de la financiación. Pero ni esas medidas, ni los incentivos regionales a la inversión en la zona cero corrigen la infrafinanciación valenciana, el déficit de inversiones del Estado, la ausencia de un fondo de nivelación y, por encima de todo eso, la deficiente financiación autonómica.

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