La naranja toca fondo

En los bares de los pueblos agrícolas valencianos es la cuestión central de los comentarios y las preocupaciones. ¿Qué pasa con la naranja?, se preguntan unos y otros, y se aventuran todo tipo de sentencias y argumentos, casi siempre parciales, porque cada cual incide en lo que más ha escuchado o le resulta especialmente llamativo.

Se culpa sobre todo a la avalancha de producción importada de países terceros que llega a Europa, con el consentimiento de Bruselas y de los propios gobiernos europeos (incluido el de España); como se señala igualmente la falta de protección general de Bruselas para los agricultores del sur de la UE, la escasez de medidas y compromisos de los políticos españoles, a todos los niveles, el exceso de producción de la actual temporada, un posible descenso del consumo, la pobre organización comercial, la ausencia de campañas de publicidad y promoción, el retraso en la maduración de las primeras variedades de esta temporada, el nulo compromiso de las cadenas de supermercados por arrimar el hombro, la repentina menor demanda de la industria transformadora, los elevados costes de cultivo, recolección y comercialización (todo resta del precio en el campo), desequilibrios en el abanico de variedades... Cada cual apunta a lo que considera que es más de señalar y de corregir, pero lo cierto es que todo ello viene a determinar un complejo panorama de problemas que, entrelazados, determina la actual situación de colapso en el sector citrícola valenciano y del resto de regiones españolas productoras. Con los bajísimos niveles de precios que se pagan en el campo por las naranjas Navelina y las Clemenules (entre 7 y 15 céntimos el kilo), y la cantidad de cosecha que se está quedando por vender, pudriéndose sin remisión, o regalándose, bien se puede concluir que la naranja ha tocado fondo. Entendiendo, por supuesto, que el concepto naranjero, como sector, engloba al resto de frutas citrícolas, particularmente a las mandarinas.

La oferta que citábamos al principio, la de una cadena comercial que regala naranjas para atraer clientes a sus establecimientos, se realiza, curiosamente, sólo fuera de la Comunitat Valenciana, como si hubiera un rubor latente de zaherir a los directamernte afectados. El caos es que se regalan. Y entre nosotros tenemos igualmente bien a la vista el mismo rigor de la crisis. Basta con fijarse en lo que sucede en cientos y cientos de fruterías repartidas por ciudades y pueblos de toda la región, con carteles que ofertan naranjas y clementinas a tan sólo un euro por tres kilos. Si un kilo vale 33 céntimos, ha de ganar la tienda y quien se las vende, se paga al transportista y al recolector, ¿qué queda para el productor? Nada.

La Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que con tanta fruición han presentado y explicado los gobernantes responsables en tal materia, está encaminada, sobre el papel, precisamente a eso, a equilibrar la cadena alimentaria, y sobre todo a proteger al eslabón más débil de la misma: el agricultor, que es el único que insistentemente se queda no sólo sin ganar, sino que ni siquiera le permiten recuperar lo que ha empleado en producir. Sin embargo, cinco años y pico después de estar vigente esta ley, resulta evidente su inoperancia. Ni siquiera ha sido capaz de servir de protección frente a las prácticas de vender a pérdidas (como lo es vender a precios temerariamente bajos y mucho más lo de regalar el producto), puesto que la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia ha tumbado tal pretensión.

Mientras se mira con ilusión la directiva europea que al parecer quiere poner orden en este punto, y que seguramente acabará decepcionando por igual, se apunta desde diversos foros agrarios que es de elogiar la ley que ha aprobado Francia, de la que se dice que sí prohíbe la venta a pérdidas y fija que los precios han de compensar como mínimo los costes. Pero ni los más ilusionados por tal iniciativa gala son capaces por ahora de desmenuzar el qué y el cómo de la misma para poder tomar ejemplo concreto de los vecinos del norte.

De igual manera se repite hasta en la sopa, en ocasiones algo a ciegas, la reclamación de que Bruselas aplique cláusulas de salvaguardia para frenar las importaciones citrícolas que están dañando a la producción de 'casa', la española, y también la de Italia. Se piden cláusulas incluso para lo que no existen, como ocurre en el caso de las mandarinas de Sudáfrica, porque nadie lo previó en su momento. Pero se vuelven a pedir, dando así pie a que desde Bruselas se echen con facilidad balones fuera o se indique que no hay datos objetivos para fundamentar dichas reclamaciones. Y eso mismo acaba sembrando la indignación entre muchas mentes esperanzadas en llegar y besar el santo. ¿Pues qué era de esperar? ¿Qué cabía suponer que ocurriría cuando se firmaron acuerdos de libre comercio con países terceros, cuyo interés consiste en producir más cítricos y demás artículos horftofrutícolas para esxportarlos a la UE? ¿Por qué no arreciaron entonces las protesta y las inteligentes acciones de lobby que ahora se quieren improvisar a toro pasado, y sin embargo se hicieron oídos sordos y se despreciaron los avisos que se lanzaron, tachándolos de exagerados o alarmistas?

Hace 25 años advirtió LAS PROVINCIAS: «El acuerdo del Gatt destruirá 350.000 empleos en el campo en España». Era el principio de la liberalización comercial mundial, sobre todo en agricultura, y nadie se preocupó de preparar medidas. Las consecuencias se sufren hoy con toda acritud y nos rasgamos las vestiduras sin atinar cómo salir del atolladero.