El Consell frena una inversión de 50 millones en clubes náuticos al no renovar concesiones

Doce de los veintiún clubes náuticos de la Comunitat que dependen de la Generalitat tienen caducada su concesión administrativa, al igual que uno de los cuatro competencia de Puertos del Estado -Gandia-, y llevan cerca de un año a la espera de que la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio que dirige la socialista María José Salvador les dé una respuesta. «Muy buena voluntad pero soluciones, ninguna», señala a LAS PROVINCIAS el presidente de la Asociación de Clubes Náuticos de la Comunitat, José Mas, que subraya la creciente preocupación de los responsables y socios de estas entidades sin ánimo de lucro, que albergan embarcaciones pequeñas y medianas. Seis de cada diez tienen menos de diez metros y otras dos, hasta doce metros, con sólo un 7% de los amarres destinado a barcos que superan los veinte metros.

En junio expira la autorización provisional con la que funcionan hasta ahora los recintos de Cullera, El Perelló, Vinarós, Les Basetes, Costa Blanca, Torre Horadada, Torrevieja, Dehesa de Campoamor, Moraira, Xàbia, Altea y Oliva. «No hacemos más que solicitar que nos den una solución al problema y no contestan, cuando llega la solicitud se paraliza y ahí se queda, sin respuesta por ninguna parte», asegura Mas.

Mil empleos

La mayoría de ellos llevan años encadenando autorizaciones temporales y, «en esa situación de inseguridad, con parches, es difícil invertir en instalaciones a veces obsoletas». Mas, presidente del náutico de Calp, recuerda que invirtieron seis millones en 2002 tras renovar su concesión por treinta años y cifra en cerca de 50 millones la inversión en obras de mejora «paralizada por la inacción del Consell, que amenaza la desaparición de los clubes náuticos». Según sus cálculos, las remodelaciones previstas en estas instalaciones permitirían «dar trabajo a mil personas durante dos años», a sumar a los 300 trabajadores fijos de estos recintos, más temporales y hasta diez indirectos por puesto.

El proceso para que los gestores con el plazo de concesión expirado soliciten una nueva se reguló en diciembre de 2015, en la modificación de la Ley de Puertos aprobada por Les Corts con apoyo de todos los grupos salvo la abstención de Ciudadanos, pero desde entonces las peticiones de los afectados se acumulan en las dependencias de la Generalitat, sin noticias de los requisitos (condiciones de referencia) que deben regir el trámite posterior, de dos meses, en el que los clubes náuticos o deportivos sin fines lucrativos interesados en hacerse con la concesión presenten sus proyectos.

La intención inicial de la Generalitat -antes de acordar esa modificación de la ley con el sector- era sacar a concurso público las instalaciones gestionadas por clubes náuticos, que pagan cerca de dos millones de euros en tasas y un millón en cánones y, cada año, invierten más de dos millones y medio de euros en la promoción y el fomento de los deportes náuticos en la Comunitat.

El malestar aumenta a medida que el tiempo transcurre «sin solución ni respuesta de la administración», pese a las «promesas» recibidas de los representantes de Puertos. Ahora, han pedido reunirse con la consellera María José Salvador.

Desde la Asociación de Clubes Náuticos de la Comunitat critican que «no están cumpliendo los plazos y se perderá la legislatura, además de esos cincuenta millones en obra pública que siguen en el aire».

Si expira el plazo máximo de autorización previsto en la ley para las concesiones caducadas, en junio, los clubes «entrarán en una situación de absoluta inseguridad y precariedad, sin título alguno» para mantener el servicio y la administración podría verse obligada a asumir la gestión directa de esos náuticos. Según Mas, les trasladó que no quiere hacerse cargo de los recintos, pero el tiempo pasa y la solución no llega.

La Confederación Española de Asociaciones de Clubes Náuticos (Ceacna) celebra este fin de semana su asamblea en Calp, precisamente para reivindicar que «es la única autonomía que no ha abordado una solución definitiva para los clubes náuticos, a pesar de contar con una ley». «Nos preguntamos por qué no se aplica», sentencia Mas.