Los estibadores paralizan el Puerto de Valencia y provocan colas de camiones

Los estibadores han paralizado esta mañana desde las 13 horas el Puerto de Valencia, que registra pequelas colas de camiones en su acceso desde la V-30. El paro, previsto hasta las 15 horas de este miércoles, se debe a la convocatoria de una asamblea para explicar las conclusiones de la reunión de ayer entre patronal, sindicatos y ministerio de Fomento, un encuentro que acabó sin acuerdo.

La falta de acuerdo entre el Ministerio de Fomento, la patronal del sector y los sindicatos hace temer nuevos sabotajes, huelgas encubiertas y amenazas por parte de los estibadores hacia las empresas portuarias. Así lo reconocen distintos empresarios del sector, después de que en los últimos días se denunciaran incidentes y presiones a los responsables de las compañías para que se unieran a la lista de apoyos que ha ido recabando el sindicato mayoritario, Coordinadora, contra la reforma hasta sumar una treintena de firmas. El temor a lo que pueda ocurrir antes de la aprobación se une al de lo que se genere después.

Por una parte, ya a su salida de la reunión en el Ministerio de Fomento, los sindicatos confirmaron su decisión de ir a la huelga el 20, 22 y 24 de este mes y amenazaron con más acciones si se aprueba esta semana el real decreto ley sobre la reforma de la estiba, al que obliga una sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2014. Los sindicatos aseguran que su aplicación significará un despido colectivo encubierto en los próximos tres años, por lo que reclaman tener control sobre futuras contrataciones, lo que impide Bruselas.

Por su parte, el ministerio confirmó que el Consejo de Ministros de este viernes dará el visto bueno a la reforma de la ley, aunque será necesario un mes para que el parlamento lo ratifique. Para ello, resulta fundamental la actitud del PSOE, sin el que sería imposible sacar adelante la propuesta y en donde el líder de Coordinadora asegura estar negociando el apoyo a través de la federación andaluza con Susana Díez.

Sin embargo, lo que más inquieta en el Puerto de Valencia es lo que puede pasar después de la aprobación. Y es que se teme que los estibadores presionen a los responsables de las empresas que forman la patronal de la estiba, Sevasa, para que sorteen la nueva norma y perpetuar el actual modelo, que ha permitido hacer del parentesco y la consaguineidad un mérito de contratación desde hace décadas.

Aunque no prefiere no pensar en la posibilidad de actos violentos, la dialéctica bélica de los representantes sindicales y actos de sabotaje denunciados en otros puertos hacen tener las acciones de incontrolados. En todo caso, el cambio legal también afecta a las empresas, ya que ellas practican un oligopolio que impide la entrada de nuevos competidores. A través de un comunicado, la patronal Anesco lamentó «que no se haya podido llegar a un acuerdo con la parte sindical para evitar la huelga» y pidió a los sindicatos que reconsideren su postura y cesen las acciones ilegales con huelgas encubiertas selectivas entre compañías.

Al ministerio le reclama suprimir el año de adaptación que contempla la norma para ajustar los convenios sectoriales. Considera que el año otorgado «es innecesario para aquellas cláusulas contrarias a la Ley puesto que estos acuerdos deberían quedar adaptados de forma automática con su entrada en vigor».

Además, sostiene que los tres años planteados por el Ministerio para llevar a cabo la reforma, que los sindicatos consideran un ERE encubierto, «no guardan coherencia con la urgencia propia de la tramitación del Real Decreto». También temen que se genere una «situación de desigualdad competitiva» para los actuales operadores en relación a los criterios que se establezcan desde la entrada en vigor.

El presidente de Boluda Corporación Marítima, Vicente Boluda, criticó ayer que el Gobierno no haya negociado antes y ahora se dedique a «asustar», y defendió una liberalización progresiva. El presidente de la naviera Baleària, Adolfo Utor, pidió «un acuerdo global» y pidió tener en cuenta que las líneas marítimas en Baleares son de interés público al estar en juego «el desabastecimiento».