Los exresponsables del San Pío denunciaron a Bravo por acoso laboral y prácticas irregulares

«Lenguaje agresivo, violento, ofensivo y vejatorio», «acoso laboral, social y técnico», «ataque virulento», «actuar de forma impropia con un funcionario»... Estas son algunas de las acusaciones que varios exresponsables del Museo de Bellas Artes San Pío V de Valencia hicieron al ya exgerente de la pinacoteca, Antonio Bravo, en la denuncia presentada hace un año por varios exmiembros de la plantilla del centro.

Tal y como publicó ayer LAS PROVINCIAS, la Conselleria de Cultura, y concretamente la Subsecretaría del Servicio de Personal, ha abierto un expediente a Bravo, actual subdirector de Cultura y Patrimonio, para averiguar si durante sus diez años en la gerencia del Museo de Bellas Artes podría haber obstaculizado el normal desarrollo de la institución.

Sin embargo, los funcionarios encargados de admitir las reclamaciones de los extrabajadores sólo han aceptado investigar algo menos de media docena de acusaciones. No obstante, en la denuncia presentada se habla de comportamientos agresivos, trato hostil a los miembros de la asociación de Amigos del Museo e, incluso, se acusa al exgerente de realizar compras de material para el centro expositivo sin haber pedido ofertas ni presupuestos.

En el documento, al que ha tenido acceso este periódico, se recrimina a Bravo el «acoso continuado laboral, social y técnico» a uno de los empleados «que se origina en el momento en el que la dirección le asigna a este funcionario las tareas de control de la climatización de las salas del museo». Por ello, según los denunciantes, «los ataques del gerente se centran principalmente en los aspectos técnicos y profesionales» del trabajador «acusándole a través de varios escritos que utilizan un lenguaje agresivo, violento, ofensivo y vejatorio».

Por otra parte, también resaltan el comportamiento «impropio» del actual subdirector de Patrimonio quien, cuando estaba al frente de la gerencia del Museo de Bellas Artes, «zarandeó de las solapas y gritó a un trabajador». Incluso, así se desprende de la documentación, «la dirección del centro tuvo que apercibirle por un trato desconsiderado por gritos y palabras malsonantes a una funcionaria del museo». Otra de las recriminaciones que los denunciantes realizan al trabajo de Bravo durante los últimos años es, supuestamente, «la compra de luces [...] sin expediente, sin pedir más ofertas, por un importe de 15.561 euros».

En el caso de los Amigos del Museo, los extrabajadores de la institución destacan el «trato hostil y calumnioso» hacia los miembros de la entidad. En las revelaciones de los denunciantes se asegura que el gerente «sin comunicarlo a la asociación y sin conocimiento de la dirección» decide retirar las urnas que los Amigos del Museo tenían en la entrada para recibir donaciones voluntarias de los visitantes.

Pese a que los denunciantes han aportado pruebas para intentar verificar estos supuestos comportamientos, según los encargados de analizar los hechos, en el caso de la compra sin expediente de material para el museo, los expertos alegan que «las faltas muy graves por motivos disciplinarios prescriben a los tres años desde su comisión». Como los hechos sucedieron en agosto y septiembre de 2011, «este plazo de tiempo ya ha transcurrido antes de la fecha de la denuncia».

Asimismo, en lo que se refiere a los supuestos comportamientos con un trabajador, afirman que «el interesado actuó para cumplir las funciones que le asigna el Decreto 211/1991, por el que se establecen y regulan los órganos de gestión del Museo» y no ven indicios para investigar. En el caso de las actitudes impropias y el hecho de «zarandear» a un empleado, los funcionarios que se encargarán de la investigación han vuelto a justificar que las posible faltas han prescrito.

Pese a que no se han aceptado estas cuestiones, los exresponsables del Museo de Bellas Artes que hace un año decidieron denunciar al exgerente han recurrido la no admisión de estas acciones y están a la espera de respuesta. No obstante, el expediente abierto tratará de dilucidar en un año la veracidad de hechos como que Bravo obstaculizó el normal funcionamiento del museo, evitó firmar facturas, no elaboró el pliego de condiciones para algunos servicios o realizó las funciones de la dirección.