Vecinos cargan contra la eliminación de sanciones a los padres por el botellón

Según el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, el planteamiento de eliminar esta medida de la ordenanza de convivencia –elaborada por la Cátedra de Seguridad Ciudadana de la Universitat de València– se debe a las dudas sobre su «viabilidad legal». Y es que, cabe recordar que la Asesoría Jurídica Municipal ya planteó dudas al respecto, lo que motivó la paralización de la ordenanza municipal.

El texto contemplaba obligar a los padres a hacer un curso de reeducación junto a sus hijos, algo de complicado encaje legal porque supondría, de facto, multar a alguien que no ha cometido ningún delito. Pero las reuniones de jóvenes para consumir alcohol en la calle suponen un serio problema para el descanso de los vecinos, a lo que ahora se suma la infracción de las restricciones covid y el peligro que supone en cuanto a la extensión del virus, motivo por el que asociaciones como la de la plaza de Honduras, critican el planteamiento del Consistorio.

«No entiendo a Aarón Cano. Entiendo que se resuelva con otras medidas, ¿pero que no se sancione? ¿Eliminar las sanciones? En todo caso, lo que convendría sería poner trabajo a la comunidad a los menores si lo que no se quiere es castigar a los padres. Pero eliminar sanciones me parece nefasto», explican desde esta asociación, que representa a los residentes de una de las zonas más destacadas del ocio nocturno valenciano.

Por su parte, la presidenta de la Federación de las Asociaciones de Vecinos de Valencia, María José Broseta, considera que esta medida está amparada por ley. «Cuando un menor infringe una normativa, el responsable subsidiario son los progenitores», afirma la dirigente, que añade que «no tiene sentido» eliminar dicha sanción. «Son los padres los que se deben hacer cargo de las multas. Si por otra parte, la Administración local quiere tener credibilidad, debe actuar y sancionar a quien toque», agrega.

El representante de los residentes de Patraix, Toni Pla, indica que la opción de eliminar una multa económica debería estar acompañada de otras medidas. «Estaría a favor de que se aplicaran una serie medidas que no caigan en saco roto, como que se realicen actividades social, trabajos comunitarios como ir a una residencia de ancianos o a centros de día», explica Pla, que añade además que este recurso lo ve apropiado pensando en las familias con dificultades económicas. «Además, ayudaría a los jóvenes a ser conscientes de las necesidades que hay, más allá de divertirse», asegura.

El presidente de la Fapa 9 d’Octubre, Lorenzo Tendero, se mantiene en la línea de que se retiren las multas a las familias con dificultades económicas pero se sancione con trabajos comunitarios a los menores. «La familia no tiene por qué pagarlo aunque legalmente sea responsable subsidiaria, sobre todo si mi hijo se va sin mi consentimiento», señala.

Por su parte, el presidente de la federación mayoritaria en la escuela pública de la provincia de Valencia (Fampa), Rubén Pachecho, cree que esta medida no será retirada de la ordenanza, ya que por ley los progenitores son responsables subsidiarios. «Se analiza la ordenanza, dentro de la cual está este punto, pero no creo que lo eliminen porque está amparado por la ley», explica.

El representante de la Federación Católica de Apas de Valencia (Fcapa), Luis Gamón, tampoco apoya que se exima a los padres de las multas. «Quieren derecho a la carta, eso no puede ser. Si la familia tiene problemas para pagar pues se busca una alternativa, pero no se puede dejar pasar porque genera el pensamiento de que se puede hacer botellón impunemente», afirma.