La Universitat de València compra banderas palestinas con dinero público para el profesorado

La compra de enseñas se desprende de un correo electrónico enviado el pasado martes a parte del profesorado vinculado a la facultad, que ofrece los grados de Sociología, Trabajo Social, Relaciones Laborales y Recursos Humanos y el doble grado en Sociología y Ciencias Políticas. «Por indicación de nuestra decana os comunicamos la adquisición de banderas palestinas a cargo de nuestro centro para el profesorado con su plaza adscrita a la Facultad de Ciencias Sociales que esté interesado», reza. Para hacer la solicitud, se continúa, hay que enviar un email a la dirección del decanato. Y la comunicación está firmada y remitida por la secretaria de la decana.

LAS PROVINCIAS contactó ayer con fuentes oficiales del Rectorado para conocer su valoración sobre esta decisión. Y también con el propio decanato, al que se le pidió, además, información sobre la inversión destinada, si la adquisición había sido aprobada en algún órgano colegiado, sobre la finalidad de la iniciativa o sobre si tenían constancia de que la medida hubiera sido adoptada por alguna otra facultad. Al cierre de esta edición ninguno de los dos departamentos había respondido.

En las instalaciones de Ciencias Sociales se pueden ver un par de enseñas colgando en las fachadas, hacia el exterior, aunque presentan un evidente desgaste fruto del paso del tiempo. No sucede lo mismo en la facultad contigua, la de Formación del Profesorado (antigua Magisterio), donde son mucho más numerosas, especialmente en la primera planta, y están perfectamente conservadas. También decoran el hall del interior, aunque se desconoce si han sido obtenidas por una iniciativa similar o se derivan de alguna decisión particular. No hay banderas visibles desde fuera en el resto de facultades de Tarongers y Blasco Ibáñez, como pudo comprobar ayer este periódico.

El apoyo de la Universitat a la causa palestina es más que evidente. Sin salir del campus se pueden ver dos banderas colocadas en el murete de la biblioteca Gregori Mayans. Una de ellas reza «Tarongers con el pueblo palestino» e incluye los logos de la cuatro facultades (las citadas más Economía y Derecho). La otra cuestiona que se iniciara el curso con normalidad atendiendo a la situación. Además, de cara al arranque Derecho acogió una concentración de repulsa y a favor de los derechos humanos, y cada jueves se organizan, en los espacios exteriores del campus, encuentros abiertos al público para reflexionar sobre la situación.

Otro ejemplo claro es el pronunciamiento del Consejo de Gobierno llamado 'Compromiso de la Universitat con Palestina». Se adoptó en mayo de 2024 e incluía entre sus puntos «no firmar» ningún acuerdo o convenio en el ámbito académico o científico con centros israelíes, así como instar al Gobierno de España a sumarse a la denuncia por genocidio presentada ante el Tribunal Internacional de Justicia. El primer apartado citado motivó el recurso de la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), que fue estimado por la justicia.

Entre sus argumentos, el tribunal destacaba la idea de que se lesionaban «los principios de objetividad y neutralidad ideológica» a los que deben atenerse los poderes públicos, y que el acuerdo era «contrario a la prohibición constitucional de discriminación» e incompatible con la ley integral para la igualdad de trato. La Universitat ha recurrido ante el TSJCV, defendiendo que fue una medida de presión hacia entidades que «se integran en una estructura estatal que está desarrollando actuaciones abiertamente proscritas por el Derecho Internacional».

El último pronunciamiento oficial llegó a mediados de septiembre, con el acuerdo entre el consejo de dirección y la Red Universitaria por Palestina que permitió el levantamiento del encierro protagonizado por esta entidad en el edificio La Nau. Incluía «la condena clara, explícita e inequívoca, sujeta a la legalidad internacional, del genocidio en la Franja de Gaza y de las políticas inherentemente genocidas de la colonización de asentamiento, así como de la ocupación, el saqueo, la expulsión y el apartheid llevados a cabo por el estado de Israel en Palestina». También se recogió la decisión de «acabar con aquellas relaciones económicas, financieras y académicas existentes con corporaciones y empresas con complicidad fehacientemente acreditada directa o indirecta en la ocupación, el apartheid, el colonialismo y el genocidio perpetrado por Israel».