Trabajadores de la cárcel de Picassent protestan por «continuas agresiones»

En el acto de protesta, convocado por la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) en Valencia, CCOO y UGT frente a la cárcel, los trabajadores, además de reclamar medidas de prevención de riesgos laborales, han mostrado su solidaridad con todos sus compañeros agredidos en los centros penitenciarios de España.

Según ha manifestado a EFE el portavoz de Acaip, Alberto Téllez, en el año 2018 se han producido 6 agresiones físicas y un intento de agresión, «cifra a la que hay que sumar las amenazas, coacciones e insultos que se producen cada día», con 120 casos en el segundo semestre de 2017.

El sindicato denuncia que la Administración no tiene en cuenta este tipo de incidentes, cuando «muchas veces es más peligroso la amenaza con un cuchillo que una bofetada», ha argumentado Téllez.

El protocolo actual para tratar de frenar las agresiones en las cárceles contra el personal permite a los empleados denunciar el incidente, pero la denuncia da inicio a un proceso de investigación interna en la que también se analiza la actuación del funcionario.

«Al tratar el problema desde el punto de vista de la seguridad y no desde la agresión», muchos de los altercados «se consideran hechos previsibles», por lo que los empleados «dejan de denunciar, ya que tras el estudio de su actuación pueden acabar recibiendo una sanción», ha explicado el portavoz.

Por ello, el sindicato ha exigido la redacción de un nuevo protocolo que aborde las agresiones «desde la prevención» y que contemple un mayor «apoyo psicológico» para aquellos funcionarios que retoman el trabajo tras la baja.

También ha reclamado la creación de un seguro para que la Administración cubra las indemnizaciones que deben pagar los internos a los empleados agredidos, ya que, en la actualidad, «muchos internos no las pueden pagar al ser declarados insolventes», ha subrayado Téllez.

Otra de las reivindicaciones ha sido el aumento del personal, puesto que, según Téllez, «hay un 15 % menos de efectivos de los que debería haber en la cárcel de Picassent», un porcentaje que se traduce en la falta «de unos 110 trabajadores para cubrir los mínimos».

Esta falta de personal que critica el sindicato se evidencia en las labores de clasificación de la población reclusa, una tarea que se realiza en función del perfil de cada preso.

«No hay suficientes trabajadores para analizar el perfil de cada uno, por lo que se les ubica en los módulos en los que haya sitio», algo que comporta un incremento de los conflictos entre reclusos de diferentes perfiles y, por lo tanto, «de las agresiones hacia los funcionarios que median en los enfrentamientos de los internos», ha denunciado Téllez.

El sindicato ha anunciado que a partir del 1 de septiembre volverán a movilizarse para «frenar el actual abandono de las prestaciones sanitarias y asistenciales», una protesta que se suma a la de conseguir mejores salarios para los trabajadores.