La Sindicatura de Comptes carga contra la falta de plazas para la dependencia
El informe del órgano incide en que se debería priorizar la atención mediante servicios frente a las prestaciones económicas
R. González
Valencia
Viernes, 4 de diciembre 2020, 00:37
El informe especial de la Sindicatura de Comptes sobre la gestión de la dependencia en la Comunitat Valenciana en 2019 es contundente. En él carga contra la falta de plazas para conseguir que se cumpla el objetivo del sistema de la dependencia y que, según remarca, es aumentar la atención mediante servicios frente a las prestaciones monetarias por cuidados familiares.
En las conclusiones del informe se hace hincapié en la falta de implantación efectiva del catálogo de servicios de la dependencia. Eso se debe a la escasa oferta de plazas públicas en los servicios de atención residencial y de centros de día, así como la inexistencia de centros de noche. Según señala, para alcanzar la meta se debería incidir más en paliar estas carencias.
En respuesta a esas críticas, la alegación de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas señala que en la actualidad se está tramitando un nuevo expediente de contratación de 1.550 plazas en centros residenciales para personas mayores de la Comunitat. El valor de ese contrato superaría los 130,6 millones de euros. En su réplica admite el déficit de plazas públicas en el servicio de atención residencial para personas con diversidad funcional, aunque apunta que a las personas que están en lista de espera se les ofrece la posibilidad de acceder a una ayuda económica mientras aguardan.
La conselleria replica que se está tramitando un nuevo expediente de contratación dirigido a centros residenciales
En cuanto al informe de la Sindicatura de Comptes, también recoge que la financiación del Estado que aporta no resulta suficiente y no es estable ni sostenida. Al respecto, lamenta que el dinero que aporta quede muy lejos del 50% previsto en la memoria económica de la ley de dependencia.
Ante toda esta coyuntura, la sindicatura remarca que va a hacer falta una «rigurosa planificación y gestión».
Solicitudes pendientes
Otro aspecto llamativo del documento es que en una visita al Ayuntamiento de Valencia a finales de febrero hallaron unas 6.000 solicitudes presentadas por los ciudadanos que se encontraban en los armarios municipales pendientes de ser registradas. Todavía no se habían introducido en el programa informático de gestión de la dependencia. Según el informe, a pesar de que ha habido un aumento de los medios humanos dedicados a este área, el personal «continúa siendo insuficiente para atender las solicitudes».
Sobre esta cuestión, la respuesta del Consistorio en las alegaciones fue que, aunque a principios de año tenían pendiente de grabar 7.658 solicitudes, en enero se incorporaron a esas labores cinco auxiliares administrativos. Gracias a ese refuerzo, el listado se consiguió reducir de forma notable y la previsión que tienen es cerrar 2020 con poco más de medio millar pendiente.
En cuanto a las cifras de solicitudes activas, el informe recoge que a fecha 24 de febrero había 108.597 personas atendidas, es decir, que habían sido valoradas. De ellas 90.101 estaban consideradas dependientes y les correspondía una prestación. Además figuraban 37.121 personas en espera.
En el apartado de demora para obtener la ayuda, los plazos medios se han ido reduciendo respecto a ejercicios anteriores. El pasado año se situó en 526 días. Casi la mitad de ese tiempo corresponde al proceso de comprobar la solicitud.
Falta de transparencia sobre los contratos en el Hospital General
El Consorcio Hospital General Universitario de Valencia también fue fiscalizado por la Sindicatura de Comptes. El informe refleja la falta de transparencia en materia de contratos. Califica de «insuficiente» la información sobre las contrataciones que aparece en la memoria relativa a los efectos de la pandemia. Cabe recordar que LAS PROVINCIAS ya publicó el miércoles en exclusiva que el General iba a desmantelar el laboratorio que hace las pruebas PCR al no renovar a la mitad de los técnicos.
Asimismo, la sindicatura reprocha en el análisis de las cuentas los gastos «sin la tramitación previa de los preceptivos expedientes de contratación». Contabiliza 25 expedientes de enriquecimiento injusto por importe de 124,1 millones.