Recusan al juez que debe decidir si investiga la falta de medios al haber sido propuesto por el Botánico

Vicente Torres, el ponente que iba a decidir acerca de las querellas presentadas contra diferentes dirigentes políticos, entre ellos Ximo Puig y la consellera Ana Barceló, por la falta de medios de prevención contra el Covid-19, ha sido recusado por uno de los querellantes. Por el momento, se desconoce si otras partes personadas en esta causa -hasta siete querellas contra diferentes dirigentes políticos- se sumarán a la petición de que el profesional sea apartado de cualquier decisión al respecto de este asunto dado que no se puede excluir toda duda acerca de su «apariencia de imparcialidad y desinterés en el caso», apuntan los denunciantes.

No es la primera vez que se plantean situaciones de este tipo. Este es uno de los problemas de los magistrados elegidos por la cuota autonómica, uno de cada tres de la Sala de lo Civil y Penal, precisamente el órgano encargado de instruir las causas contra aforados.

Manuel Salazar, el letrado que ha presentado el escrito de recusación, no duda del buen hacer y la capacidad del magistrado para ser «objetivo» y decidir de acuerdo a la Constitución, pero sostiene que resulta imposible eliminar plenamente cualquier duda sobre la «apariencia de imparcialidad». En el incidente se aportan numerosas informaciones de prensa, cita LAS PROVINCIAS, Valenciaplaza y La Vanguardia, en las que recuerdan que el fiscal Torres fue propuesto por el Botánico -formaba parte de la terna de candidatos que se envió al Consejo General del Poder Judicial y que algunos de los otros aspirantes fueron supuestamente descartados por no ser suficientemente progresistas. De igual modo, esas mismas informaciones hablan de que precisamente Torres era el profesional que más apoyos reunía en el bloque de Compromís y Podemos, mientras que el PSPV se inclinaba por otro aspirante.

Este incidente ya ha obligado al Tribunal Superior de Justicia a colocar a otro magistrado, José Ceres, en este asunto. Ahora será el propio Vicente Torres el que diga si se aparta del caso o considera que no existe motivo para hacerlo. Si opta por esta segunda opción, lo más probable, será otro compañero el que decida si concurren las circunstancias que quebrantan esa apariencia de imparcialidad.

En cualquier caso, este incidente de recusación alargará la causa. Se decidirá antes acerca de este particular para posteriormente resolver si se admiten a trámite o no las correspondientes querellas. El TSJ ya ha solicitado un informe al ministerio fiscal para que exponga si hay suficientes motivos para perseguir penalmente a los responsables políticos o si por el contrario procede el archivo. El criterio del ministerio público seguirá el que ya ha manifestado el teniente fiscal del Supremo que no aprecia responsabilidad en los dirigentes del Gobierno central.