El rechazo a la futura selectividad suma ya una docena de adhesiones

El apoyo más mediático ha sido el de la Real Academia Española (RAE), cuyo pleno aprobó el 17 de noviembre una declaración crítica tras conocer la carta abierta de los profesores universitarios. Los académicos mostraron su preocupación por la reducción de contenidos y la pérdida del «lugar preponderante que hasta hace poco tenía la reflexión y la argumentación lingüística, la capacidad para compendiar y ordenar discursos, así como la interpretación, la valoración y el análisis de los textos literarios».

Fue un posicionamiento poco común teniendo en cuenta que la institución que vela por el correcto uso del castellano no suele pronunciarse sobre políticas educativas. En este sentido su escrito señala que «no puede desentenderse de la forma en que se enseñan en nuestro país la lengua y la literatura españolas» aunque tales cometidos «no estén destacados» en sus estatutos.

La implantación de la prueba de madurez será progresiva. En 2024 servirá para evaluar, en un único examen, las destrezas adquiridas por los alumnos en Castellano, Valenciano e Inglés, y a partir de 2027 también incluirá contenidos de Historia y Filosofía, llegando a suponer el 75% de la nota de selectividad.

A nivel formal, se dividirá en tres partes, según se desprende del primer borrador presentado por el ministerio. La primera, de 15 minutos, servirá para analizar los documentos que se entregarán a los alumnos sobre los que pivotarán los ejercicios. La segunda (50 minutos) constará de 25 preguntas cerradas (tipo test o de relacionar y ordenar) y semiconstruidas (de rellenar huecos), y la tercera (otros 45) incluirá tres más de carácter abierto, las que se pueden considerar de desarrollo al requerir de una construcción por parte del aspirante y cuya extensión máxima será de 150 palabras.

La concentración de materias en una única prueba, con la consiguiente reducción de contenidos, la probable exclusión de la parte literaria, que ni se menciona en los documentos del ministerio, y su ineficacia para evaluar el dominio de la lengua castellana por parte del alumnado teniendo en cuenta su estructura son los principales argumentos que plantearon los especialistas, que piden la retirada de la propuesta y un nuevo diseño que tenga en cuenta las aportaciones de los profesionales. Los diferentes comunicados de adhesión que ha recopilado Salvador Pons, el catedrático de la Universitat de València que coordina la campaña, van en este sentido. Y lo mismo sucede con el resto de pronunciamientos conocidos en las últimas semanas.

Entre los apoyos más recientes a los especialistas están los del departamento de Castellano del IES Benlliure de Valencia, que tilda la propuesta de «descabellada» y considera «inadmisible« que la asignatura «se convierta en un mero vehículo lingüístico al servicio de otras disciplinas, privándola de contenidos propios». Además han hecho lo propio varios docentes de la materia del instituto Lluís Vives, en este caso a título individual.

Al escrito inicial se han adherido los departamentos de Filología Hispánica, Filología Española o de Lengua Española de las universidades de Extremadura, Alicante, La Rioja, Murcia y Salamanca, así como la junta de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la de Valencia.

Por su parte, a mediados de noviembre la sección de filología del Institut d'Estudis Catalans (IEC), entidad normativa de la lengua cooficial, envió una carta a la ministra Pilar Alegría pidiendo la «reconsideración» del modelo alegando que la estructura de preguntas «no es suficiente para comprobar la madurez de los conocimientos lingüísticos», o que un ejercicio de tipo general que incluya destrezas de este ámbito -castellano, valenciano e inglés, el esquema de la primera fase de implantación- «no puede analizar la capacidad de comprensión y expresión en cada una de las lenguas».

Además reclamó pruebas específicas y consideró «imprescindible» la formación de estudiantes preuniversitarios «con un nivel suficiente de conocimientos teóricos, de gramática y más generalmente de lingüística y sociolingüística».

El equipo decanal de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universitat Autónoma de Barcelona, así como las direcciones de cuatro departamentos distintos, se han pronunciado en términos similares en un escrito que se refiere a la «reducción sustancial de los mínimos contenidos lingüísticos y de literatura» o a las carencias del formato para evaluar las competencias en cada una de las lenguas.

El rechazo también ha llegado desde la Red Española de Filosofía, que representa a decanatos, al Instituto de Filosofía del CSIC y a cerca de medio centenar de asociaciones. En su comunicado se habla de la «opacidad» con la que el ministerio está diseñando el nuevo modelo y alerta del «riesgo de disolución que pueden tener los contenidos y competencias específicas de la Filosofía en una prueba indiferenciada», cuyo formato propuesto es «inapropiado e insuficiente» para demostrar el dominio de la materia.

Por último, el catedrático valenciano ha hecho un llamamiento a través de redes sociales para seguir sumando apoyos, concretamente entre los departamentos afectados de los centros de Secundaria. «A uno lo pueden ignorar, a diez también. A cien es más difícil. Y con varios cientos de adhesiones será imposible hacer oídos sordos. Departamentos de Castellano, Catalán, Gallego, Vasco, Inglés, Historia y Filosofía de toda España, ¿os apuntáis?», reza el mensaje.