Los pescadores de la Comunitat auguran el fin del sector con las restricciones de Europa

La nueva medida está incluida en el nuevo plan plurianual que contempla la Unión Europea para alcanzar el máximo rendimiento sostenible, reducir el esfuerzo pesquero un 40%, una situación «inviable para el desarrollo de la actividad. Una familia que vive de la pesca no puede subsistir trabajando solo medio año, tampoco podría hacerlo cualquier otro tipo de negocio, es inconcebible», dicen.

La postura europea preocupa a todo el sector pesquero valenciano, compuesto por más de medio millar de embarcaciones que faenan en todo el litoral. «Más de 8.000 pescadores y pescadoras de la Comunitat se dedican a la pesca, de forma directa o indirecta«, apuntan desde la Comisión Interfederativa de Cofradías de Pescadores de la ComunitatValenciana (CoinCoPesca CV). Critican al Estado por la »dejadez e insensibilidad absoluta frente a las demandas del sector«.

En muchas de las cofradías valencianas apuntan a una misma dirección, «se quiere acabar con la pesca tradicional para potenciar las piscifactorías». De hecho, remarcan desde la Vila Joiosa, que tan solo este año «se están construyendo seis en la provincia de Alicante».

Desde Europa también se alude a razones ecológicas, comentan desde el sector pesquero valenciano, «dicen que es para reducir el impacto contaminante en el mar, pero resulta que aquí en nuestras costas cada vez tenemos más embarcaciones de recreo», apunta el presidente de la Cofradía de Pescadores de Xàbia, Moisés Erades.

Critica también la firmeza con la que actúa España ante este el reglamento marítimo, «hay muchos países europeos que no cumplen y aquí cada dos por tres tenemos inspecciones, es necesario una regularización general porque después no se puede competir con el mercado».

En Altea van más allá y tildan de «acoso» el elevado número de controles policiales que pasan al mes, «parece que seamos delincuentes». En la localidad, explican que alrededor de 60 familias se verán afectadas por los cambios normativos, «aunque indirectamente podemos fijar el número en 200 o 300 familias». También se muestra contundente el presidente de la Cofradía de Pescadores de Cullera, Vicente Pérez: «Esta normativa nos ahoga de una forma que nos veremos obligados a amarrar los barcos». Salir solo 120 días a faenar, apunta Pérez, «no es rentable para nadie por lo que si no cambia habrá mucha gente que dejará el sector tradicional».

Considera, sin embargo, que hay margen que hay margen de maniobra por parte del Gobierno. «Puede alargarlo más allá de 2025, dos o tres años más», señala como hacen otros países europeos.

Tanto en Cullera como en el resto de la Comunitat, el sector pesquero está encontrando el respaldo de los ayuntamientos como el de Castelló de la Plana, Vinaròs, Benicarló, Peñíscola, Cullera, Torrevieja, Santa Pola, Vila Joiosa, Calp, Dénia y Altea. Todos ellos se han sumado a la Comisión Interfederativa de Cofradías de Pescadores de la Comunitat Valenciana «Los pescadores no tienen la culpa del daño medioambiental que está sufriendo el planeta, es más, están poniendo herramientas para precisamente contribuir a la transición ecológica necesaria y son aliados en la lucha contra el cambio climático». Así de rotundo se muestra el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, en su apoyo a un sector que, para esta ciudad turística, es un pilar fundamental para la economía local.

Por todo ello, exigen al Gobierno que «luche por conseguir, al menos que nos dejen trabajar entre 160 y 180 días», además de la promocion del pescado de lonja «porque es de kilómetro cero y es un producto de proximidad».