Señora Celaá, o se equivoca usted o se equivoca el Tribunal Constitucional

El título de este artículo ha quedado un poco largo. Prometo compensarlo no sometiéndome a la moda, estúpida y lingüísticamente incorrecta, impuesta por la dictadura del lenguaje políticamente correcto del desdoblamiento de género -aquí sí cabe hablar propiamente de 'género': gramatical, masculino y femenino-. Moda tan antinatural que ni siquiera los más acérrimos defensores de las teorías, ideologías y perspectivas de género son capaces de mantenerla durante todo un discurso. Es casi hilarante ver los esfuerzos que hacen algunos para corregirse a sí mismos, sobre la marcha, cuando, sin darse cuenta, se pasan al lenguaje natural de la gente corriente.

Centrándonos en lo fundamental, déjeme decirle, señora ministra del Gobierno del señor Sánchez, que se equivoca usted. Quienes creemos en el Estado de Derecho, y lo respetamos, sabemos que el Constitucional acierta en su juicio sobre nuestro sistema educativo, analizado a la luz de la Constitución. Y lo hace en su recentísima Sentencia 31/2018, que sienta unas bases jurídicas, y realiza algunos análisis pedagógicos, diametralmente opuestos a casi todo lo anunciado en su comparecencia ante la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso de los Diputados, el pasado 11 de julio.

Anunció nada menos que nueve líneas maestras o principios rectores del programa a desarrollar en su mandato, nueve (al final diez) prioridades de actuación; en algún caso, más urgencias que prioridades. Comenzó diciendo que iba a «trabajar mucho para llegar a acuerdos», pero sin solución de continuidad anunció una serie de decisiones y medidas sin diálogo previo ni consenso alguno, ni con los partidos ni con la comunidad educativa, y por supuesto sin paso por ninguna mesa de pacto: su partido, obedeciendo la Señora Martínez Seijó al dedo designador y ordenador de Pedro Sánchez, dinamitó calculadamente el proceso que, pese a las dificultades, se estaba desarrollando. Habló usted de «decisiones consensuadas a corto plazo y con decisiones más estratégicas y también consensuadas a largo plazo», hermosas palabras que sus hechos desmintieron de inmediato al confirmar medidas urgentes y unilaterales: eliminación del concepto de 'demanda social'; modificación del régimen académico de la asignatura de Religión y eliminación de su alternativa; rectificación de los artículos 122, 127 y 135 de la LOE.

Ganar el futuro, mejorar, ampliar, modernizar, estabilizar, dialogar, apostar estratégicamente... larga lista de buenas intenciones y mejores propósitos, cantinela 'progre', más que progresista o de progreso real. Además, delimitó usted lo que debe o no ser objeto de polémica: no se puede discrepar, y todo el mundo debe compartir, si quiere acreditar «madurez democrática», su compromiso con determinados valores, que usted califica de cívicos y universales. Lamentablemente no sorprendió el tono y contenido de los anuncios, retahíla de lugares comunes y tópicos disfrazando una propuesta ideológica y sectaria, pues es el discurso reiterado del PSOE en educación, pero sí la urgencia manifestada y la ruptura con los anuncios de diálogo de sus primeros días.

Especialmente lamentable el anticlericalismo decimonónico y obsesivamente enfermizo contra la asignatura de Religión, despreciando los derechos de sus docentes y de los miles de alumnos y padres que año tras año la eligen. Seleccionó mal usted su introducción: «no nos parece tampoco adecuado el tratamiento de la religión en nuestra legislación vigente». Eso, respetuosamente, no era relevante; lo relevante es si el actual tratamiento es ajustado a Derecho, especialmente al texto constitucional. La Sentencia antes citada, en su Fundamento Jurídico Sexto, dice que «las normas cuestionadas no vulneran el marco constitucional, como afirman los recurrentes, por haber configurado como asignatura la enseñanza de la religión», añadiendo que «ese sistema es también un cauce adecuado para el ejercicio por los progenitores del derecho a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones... ni la existencia de una asignatura de religión en los niveles de educación primaria y secundaria, ni la implantación de una fórmula de opción entre la asignatura de religión y valores sociales y cívicos/valores éticos -'asignatura-espejo', la llamó usted- son contrarias al texto constitucional». Ya ve, la Constitución, la legislación orgánica, multitud de tratados internacionales y sentencias, avalan lo que no les parece a ustedes «adecuado».

Para finalizar por ahora, Señora Ministra, no nos tome a todos por tontos. Lo hizo después de sus lamentables palabras sobre educación diferenciada -lamentables porque una Ministra de Educación no puede demostrar tan absoluto desconocimiento de esa opción pedagógica y de libertad o, peor aún, faltar a la verdad deliberadamente sobre ella-. Apuntó que esa cuestión, que llegó a calificar de «situación excepcional», la iba a solucionar con poco más que una charla con esos «pocos centros» para convencerles de su error y de las bondades del otro sistema: «estoy convencida de que podremos acordar que el modelo coeducativo, más igualitario, aporta mayor valor educativo e inclusivo.» A padres, docentes y titulares de centros que han tenido que luchar lo indecible para defender su opción, acreditada pedagógicamente y avalada por excelentes resultados en todo el mundo, no se les convence con tópicos o dogmas. Por cierto, la diferenciada es la opción elegida y apoyada por mujeres como Hillary Clinton o Michelle Obama.

No vuelva a tomarnos por tontos queriendo convencernos de que todos entendimos mal sus manifestaciones sobre la educación concertada. Le entendimos muy bien; entendimos incluso su amenaza velada de que la concertada «puede estar, pero puede no estar... puede estar y puede dejar de estar».