El nuevo mapa de autobús por carretera pone en riesgo el servicio a 135.000 valencianos

La Generalitat sostiene que la eliminación de paradas afectaría a más de 135.000 habitantes de esas poblaciones de no mediar un acuerdo con el Gobierno que parece lejano. La cifra de partida, los mencionados 40 millones, parece a los responsables de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio esa dotación financiera «es insuficiente». Alegan que «sólo se han destinado 40 millones de euros durante dos años de manera temporal para implementar un mapa en el que sólo los servicios anulados tienen un coste de más de doble» y observan que la propuesta del Gobierno deja a las comunidades autónomas «la carga de financiar el resto de los costes si quieren seguir dando servicio a la ciudadanía». Unos argumentos que rechaza el Ministerio. En palabras de un portavoz, «se ha manipulado mucho con esta historia del mapa concesional», en alusión al documento que fija su nueva propuesta y que tan inquietos tiene a los vecinos de Teruel.

Su propuesta se basa, como reza un documento remitido desde ese organismo, en «la importancia del autobús como medio de transporte estratégico en España, teniendo en cuenta las características geográficas, orográficas y de distribución de la población de nuestro país». Y añade: «Precisamente por ello, queremos seguir mejorando y buscamos la eficiencia del servicio atendiendo desde la red estatal la demanda de viajeros de largo recorrido y conectando de manera más directa los principales núcleos de población, al mismo tiempo que coordinando los servicios con las redes de transporte autonómico de corto recorrido, vertebrando el territorio y dotándolo de capilaridad». También garantiza que «se va a seguir prestando el servicio», a través de una fórmula que detalla en estos términos: «O prestamos nosotros el servicio o la autonomía financiada por el Estado».

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Una promesa que el Consell acoge con indisimulada incredulidad. Para el departamento de Infraestructuras, además de su desacuerdo con las cifras que se manejan para financiar el servicio con cargo al Presupuesto valenciano, «el nuevo mapa concesional de transporte supone un retroceso en muchos territorios». Insiste en su alegato de que la propuesta ministerial significa «recortar servicios» y reitera su petición al Gobierno de disponer de «una financiación adecuada» que permita al Palau «asumir las responsabilidades derivadas» del nuevo plan. Una negociación presupuestaria clave para asegurar el futuro de las conexiones del interior de la Comunitat, que el Ministerio niega que estén en peligro. «La única diferencia es que en vez de gestionarlas nosotros, las financiamos para que las gestionen las autonomías, porque son de ámbito interior», señala su portavoz. «Si la autonomía no quiere, estamos trabajando en fórmulas para prestar nosotros el servicio».

A la espera de arrojar luz sobre esas fórmulas que cita, sus argumentos no terminan de convencer a quienes temen, como es el caso valenciano, que 135.000 vecinos se queden sin servicio de transporte por carretera. Una preocupación que se extiende por Teruel y otros territorios de la España vacía, organizados en asociaciones cuyos responsables han llevado hasta el Congreso su preocupación. as plataformas que representan a la España Vaciada, Teruel Existe, Soria ¡YA!, Cuenca Ahora y La Otra Guadalajara temen que más de 1.400 municipios de toda España se queden sin parada de autobús al primar la «viabilidad económica» en los planes ministeriales, cuyo propósito de fondo se condensa en estas palabras: «Epaña necesita reorganizar sus líneas de autobús de largo recorrido porque el servicio actual no sirve para conectar los grandes núcleos de población. Es caro y se tarda mucho tiempo lo que reduce notablemente el número de usuarios. Con las nuevas líneas se ganará en tiempo de viaje entre las grandes ciudades y se mantendrán los servicios que comunican los pueblos de toda España».