Mazón y Morant llevan su batalla política a la apertura del curso universitario

Ambos líderes se saludaron al llegar y en la despedida (se acercó Mazón a Morant, pues fue el primero en abandonar el refrigerio organizado a la conclusión), pero apenas intercambiaron más palabras. Exactamente en dos ocasiones, muy breves, durante las casi dos horas del acto académico, también a iniciativa del popular. Y estaban sentados juntos, como mandaba el protocolo. Sólo se trataron menos Amparo Navarro y Juan José Ruiz, rectora y rector de la Universidad de Alicante (UA) y la Miguel Hernández (UMH), también juntos en la mesa y enfrentados por el recurso judicial de esta última contra la autorización del grado de Medicina de la primera.

La polémica se empezó a incubar el día anterior. El martes la UPV convocó a los medios a una comparecencia conjunta del rector José Capilla, el presidente Mazón y la ministra Morant antes de la celebración, a las 11.30 horas. Poco después, Presidencia del Gobierno informaba de que la ministra atendería a la prensa un cuarto de hora más tarde. Todo hacía pensar que no habría puesta en escena compartida. Así sucedió.

A la hora prevista apareció Capilla con la ministra, que cuando fue interrogada por una cuestión ajena al acto de apertura pidió responder en otro momento. Después lo hizo Mazón, también acompañado del rector y de la alcaldesa María José Catalá. El jefe del Consell sí respondió a todas las preguntas planteadas. La sorpresa llegó cuando Morant volvió a aparecer después para responder sobre temas distintos al arranque universitario, algo que no había previsto la UPV, pues la idea era, tras la atención pautada, situarse en la comitiva oficial para acceder al paraninfo, sede del acto. Capilla, Mazón y Catalá tuvieron que esperar en el despacho del primero a que terminara la ministra, lo que provocó un retraso de unos 15 minutos en el inicio. Y no sentó bien en Presidencia de la Generalitat.

Algunas fuentes consultadas señalaron que Morant, el día anterior, rechazó participar en la comparecencia conjunta cuando ya se había previsto, mientras que otras apuntaban a que desde el ministerio se creyó que se trataría de una atención informal, que no institucional, en la que no quedaría bien la imagen de dos políticos de polos opuestos intercambiando críticas en sus turnos de palabra.

En su atención extraordinaria, Morant fue muy dura con Mazón a cuenta del citado grado de Medicina, polémica por la que se le preguntó. Según recogió Europa Press, le acusó de «amenazar a la UA» en unas declaraciones previas, que consideró «impropias de un presidente de la Generalitat». En estas Mazón había dicho que la rectora Navarro no había querido sentarse a hablar de la propuesta del ejecutivo autonómico, que pasa por crear un campus interuniversitario, junto a la UMH, para la impartición conjunta del grado, incluyendo mejoras como una mayor oferta de plazas de prácticas, uno de los aspectos cuestionados por los servicios jurídicos de la Generalitat respecto a la autorización que concedió el Botánico.

«El Consell se ha allanado (del proceso judicial iniciado por la UMH) y ha pedido al juez que anule el grado de Medicina. Y es tremendamente grave, no tiene antecedentes en el país, que con un cambio de gobierno se anulen los grados aprobados a una universidad, dejando a centenares de familias y alumnos con la angustia de no saber qué va a pasar con ellos«, dijo Morant.

Mazón, durante su comparecencia con Capilla y Catalá, también había sido preguntado por la cuestión, insistiendo en que «diga lo que diga» la justicia se garantizará la atención y la formación de los estudiantes.

La ministra y secretaria del PSPV fue la primera en intervenir durante el acto institucional, aludiendo a que en los próximos días se concretará la contratación de 3.400 ayudantes doctores -426 para los cinco centros de la Comunitat-, iniciativa que definió como «la mayor incorporación de docentes universitarios de la historia». La financiación estatal se prolongará durante seis años, y la medida es clave para poder cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada en 2022, para reducir la temporalidad del personal. «No es nuestra competencia, pero sí nuestro modelo», sentenció Morant, en referencia a que todo lo relacionado con la educación está transferido a las comunidades.

Carlos Mazón, que cerró el acto, lanzó algunos mensajes a la ministra. Por ejemplo, recordó que el 40% de la financiación necesaria para estas contrataciones corre a cargo de la Generalitat, un coste que pasados los seis primeros años recaerá íntegramente en la administración autonómica y que se comprometió a asumir.

El presidente sí aludió directamente al ejecutivo central a la hora de abordar la mejora de la financiación, tanto la autonómica como la universitaria. Por un lado, destacó «el esfuerzo» que supone destinar el «0,9% de nuestro PIB a las universidades públicas», siendo una de las comunidades que mayor aportación realiza «a pesar del evidente y notable déficit de financiación del Gobierno». Y por el otro, dijo que se sigue avanzando en un acuerdo plurianual que les garantice «un marco de estabilidad a futuro», al tiempo que apeló a «la responsabilidad del Estado» para cumplir con la LOSU, pues establece «el objetivo de aportar como mínimo el 1% del PIB nacional a las universidades».

Sobre esta cuestión el rector Capilla desveló que en breve se presentará una propuesta de consenso de las cinco instituciones «dentro de los límites comprometidos por el presidente que les dote de una mínima estabilidad». Es decir, un modelo de reparto -pactado- para las transferencias ordinarias y el dinero extra que permite cubrir el déficit provocado por la falta de un nuevo modelo y el fin de las anualidades de la deuda histórica, que se finiquitó en 2023.