La jueza describe la actuación de Emergencias en la dana: «Es como si un juez de violencia no supiera que existen órdenes de protección para las mujeres»
La magistrada rechaza citar como investigado al presidente de la CHJ, insiste en que la competencia de vigilar los barrancos es autonómica y subraya el «absurdo» retraso del envío del Es Alert
La jueza de la dana ha desarrollado en un auto los motivos por los que no considera que exista una eventual responsabilidad penal en el ... presidente de la CHJ, Miguel Polo, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el jefe de Climatología de Aemet, José Ángel Núñez. Tal y como ha explicado en numerosas ocasiones y reitera ahora, ninguno de ellos tiene la posición de garante en una emergencia, el deber y la potestad de adoptar medidas para proteger a la población. Condición que sí reúne la consellera de Emergencias, Salomé Pradas. Más discutible parece el caso de Emilio Argüeso, el número 2 de la conselleria.
La magistrada, en un tono algo irónico que ya no resulta excepcional, reprocha a la acusación Valores su coincidencia con las defensas y el planteamiento de tesis exculpatorias que no tienen validez para los testigos para quienes reclama su imputación. Se refiere en este punto a un escrito de la entidad que llegó a plantear que los acontecimientos se habían desarrollado como consecuencias de una «fuerza mayor». Es decir, que era algo inevitable.
El auto detalla que el control de los barrancos menores y la información a la población no recaen directamente en la Confederación Hidrográfica, sino en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE). Y fueron estos quienes, siempre según su tesis, no supieron actuar de manera diligente con los datos que tenían. Ni hubo apagón por parte de la CHJ ni el silencio sobre el Poyo fue relevante para este cometido, según la instructora.
En este sentido, recuerda la deficiente actuación de Emergencias. Por ejemplo, con los recesos del Cecopi que no se han explicado convenientemente y que retrasaron de manera «absurda» el Es Alert, con la falta de vigilancia de los barrancos por parte de los bomberos -desprecia en este punto la labor de la CHJ-, las numerosas llamadas al 112 y la falta de atención a los datos que ofrecía el SAIH, el sistema de control de la Confederación.
La jueza sostiene que no se puede argumentar falta de información a la hora de adoptar medidas por parte de la Generalitat. Y dedica un párrafo de su resolución a citar ejemplos de los conocimientos de diferentes profesiones. No se puede alegar un desconocimiento de la situación, concluye respecto a su análisis del 29-O. «Es tan absurdo como defender que un Juez de Violencia de Género no supiera lo que es el SIRAJ, no supiera leer la hoja de antecedentes penales y de medidas cautelares, afirmara desconocer que existe el sistema Viogen, o que no sabe que se puede adoptar una orden de protección. Sería también -añade- como si un controlador aéreo no supiera leer la pantalla del radar.
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